Coalición Canaria-PNC ha lamentado este lunes que, finalmente, se “hayan cumplido los pronósticos tras el fin del estado de alarma decretado por el Estado que ha sumido en un caos legal a las Comunidades Autónomas, entre ellas Canarias”.
Los nacionalistas canarios advirtieron desde el primer momento tras el anuncio de Sánchez, en plena campaña por las elecciones autonómicas en Madrid, que “era necesario articular mecanismos legales que evitaran precisamente lo que está ocurriendo ahora”.
De esta forma, en la nota enviada a Crónicas valoran el varapalo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias a la continuidad de las restricciones de movilidad y toque de queda como “previsibles” y fruto de la “falta de liderazgo, de gestión y a la improvisación del Gobierno de Ángel Víctor Torres”.
En este sentido, señalan que “no se puede gestionar una crisis sanitaria a la carta cuando todos los expertos apuntan a la necesidad de dar continuidad a determinadas restricciones hasta que se avance en la vacunación de la población y se obtenga la inmunidad de rebaño”. En este contexto, los nacionalistas canarios temen que la falta de previsión “ponga en peligro el esfuerzo hecho hasta ahora por la ciudadanía y los sectores sanitario y económicos”.
Asimismo, insisten en la necesidad de “homogeneizar criterios desde la legalidad para proteger a la ciudadanía pero también para impulsar una recuperación económica y social que no se va a producir si el PSOE es incapaz de gestionar la pandemia desde la certidumbre y la más absoluta seguridad jurídica”, por lo que piden se convoque la Conferencia de Presidentes para abordar la situación.
Coalición Canaria-PNC insta al PSOE “a reconducir la situación para evitar que se pongan en duda cada una de las decisiones que adopte el Gobierno de Canarias para proteger la salud de los ciudadanos y ciudadanas”. De esta forma, señalan que “la solución a este caos generado por el propio PSOE no está en el TSJC ni en el Tribunal Supremo, la solución está en Moncloa” y apelan a la necesidad de que “se abra el diálogo urgente entre el Estado y las Comunidades y Ciudades Autónomas para evitar judicializar cada una de las decisiones que se adopten en los Consejos de Gobierno de cada territorio”.
