Un total de 103 profesionales de diferentes entidades que trabajan con menores en el área de la atención y protección del menor han recibido formación específica para la detección y atención de menores y jóvenes víctimas de explotación sexual y de trata de personas y un total de 31 jóvenes, 11 chicos y 20 chicas, de diversos centros de protección del Archipiélago han recibido formación específica dirigidas a potenciar relaciones saludables. Estos datos fueron dados a conocer en el transcurso de la presentación del Programa Alondra, un programa pionero en Canarias puesto en marcha por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, a través de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia y la entidad Opción 3.
En palabras de la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, a través de este programa “hemos querido proporcionar una respuesta integral a los menores y jóvenes que sufren o han sufrido una situación de explotación sexual”. A este respecto avanzó que hasta la fecha, se ha atendido a dos jóvenes víctimas de explotación sexual, una chica y un chico.
Asimismo, en su intervención, Santana señaló la importancia de esta iniciativa de ámbito regional ya que “garantiza una actuación coordinada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Fiscalía, asegurando un contexto de seguridad para los menores y jóvenes que sufren entre tipo de violencia así como trabajando con ellos para paliar las secuelas psicológicas y físicas que genera la explotación sexual”.
Por su parte, la directora general de Protección a la Infancia y la Familia, Iratxe Serrano, explicó que “los propios menores no suelen ser conscientes de la situación tan complicada en la que se están metiendo; por eso, a través de este programa, intentamos prevenir esta situación así como ofrecerles una respuesta rápida e integral de atención y acompañamiento”.
A este respecto, la coordinadora de Opción 3, Patricia García, llamó la atención sobre “las nuevas formas enmascaradas de prostitución” a través de las redes sociales, “donde se practican muchas conductas de riesgo sin que los menores les den la importancia que tienen como es la demanda de fotos con contenido sexual”.
El programa se ha venido desarrollando hasta la fecha en la isla de Gran Canaria y en breve se extenderá a las demás islas, con especial incidencia en las zonas sur de Lanzarote, Tenerife y Fuerteventura.
Objetivos del programa Alondra
El programa Alondra, financiado por la Dirección general de Protección a la Infancia y la Familia y gestionado por la entidad Opción 3, está dirigido a chicas y chicos a partir de 13 años hasta la mayoría de edad que han estado o están en situación de explotación sexual en cualquiera de sus formas. Estas y estos jóvenes pueden estar residiendo con sus familias o tutores legales, o bien estar residiendo en algún centro de protección o estar cumpliendo una medida judicial.
Entre los objetivos del programa Alondra se busca actuar de forma eficaz, coordinada y con prontitud con el objetivo de alejar al menor del contexto donde se haya producido o se produzca la explotación sexual, así como proporcionar un tratamiento específico para las/os menores víctimas de prostitución y/o trata mediante una intervención integral y coordinada con los diferentes servicios sociales, sanitarios, formativos, policiales y judiciales de Canarias.
El programa incluye la celebración de talleres y cursos de formación específica sobre la problemática de las/os jóvenes víctimas de prostitución y trata con el propósito de orientar y asesorar al equipo técnico para el adecuado abordaje así como sensibilizar, prevenir y actuar de forma adecuada frente dicha problemática tanto a los profesionales que trabajan con menores como al colectivo de jóvenes.
Alondra contempla la coordinación de los diferentes recursos de atención existentes en las Islas con el fin de ofrecer la atención inmediata y urgente a las posibles necesidades de traslado de residencia de las y los menores, así como realizar un acompañamiento de los mismos, además de orientar, asesorar y acompañar a las y los jóvenes menores y sus familias siempre que lo requieran, sobre los aspectos judiciales con el fin de informar a las autoridades (denuncia) y orientar y acompañar a las/os jóvenes a los servicios de salud con objeto de comprobar su estado de salud, garantizado un contexto de seguridad y estabilidad tanto en el entorno familiar como en un recurso residencial de protección para la y el menor víctima de explotación sexual.
Esta iniciativa se complementa con actuaciones y proyectos dirigidos a procurar y apoyar un itinerario formativo y laboral y favorecer la autonomía y emancipación de aquellos jóvenes ante la mayoría de edad.
