El portavoz parlamentario de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, reclamó hoy al Gobierno estatal que exija una rectificación a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre la identificación de la zona de pesca a siete millas de Fuerteventura como aguas marroquíes. Campos cree necesario que el Parlamento apruebe una declaración institucional contra la decisión unilateral e ilegal de Marruecos de ampliar su frontera marítima ocupando las aguas territoriales del Archipiélago y del Sáhara Occidental.
Nueva Canarias, según el también Coordinador Territorial, ha mostrado su preocupación por la denuncia realizada por los atuneros de Lanzarote y la información facilitada, en el pleno del Parlamento de esta semana, por la consejera Alicia Vanoostende previa consulta con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Se refirió a que la FAO denomine, a la zona entre los dos puntos más cercanos entre Canarias y la costa occidental africana, como 34.1.13, que se trata de una subdivisión incluida en la denominada 3.1.1 como Costa de Marruecos.
Aunque a efectos prácticos esta modificación no tiene repercusiones para los profesionales canarios ya que pueden desarrollar su actividad y notificar que las capturas se han hecho en aguas canarias y estatales, Luis Campos se preguntó si estos acontecimientos pudieran estar relacionados con la publicación, el pasado mes de marzo, en el Boletín Oficial de Marruecos de las dos leyes con las que se establecen sus aguas territoriales en 12 millas, delimitan su zona económica exclusiva en 200 millas y amplían su plataforma continental hasta las 250 millas, “produciendo un claro solapamiento” con el espacio marítimo de Canarias.
Existe la sospecha, según Campos, de que el país africano siga adelante con sus pretensiones anexionistas por su tradición de practicar la política de hechos consumados. Por este motivo, el dirigente de NC exigió una “aclaración más contundente” al Gobierno estatal, incluida la exigencia de una “rectificación” a la FAO para que deje “bien clara” la denominación de las zonas de pesca canarias y del Estado.
Hechos como los denunciados por los atuneros de Lanzarote, para NC, evidencian que “no puede haber una política pasiva” por parte del gabinete de Pedro Sánchez. El Ejecutivo estatal, insistió en su denuncia, tiene que dirigirse a los órganos jurisdiccionales internacionales que correspondan.
“Sabemos que la decisión unilateral no tiene validez” porque, como recordó, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en su artículo 74.1 dispone que la delimitación de los espacios marítimos entre países adyacentes sólo puede realizarse de mutuo acuerdo. También que las resoluciones de la ONU, continuó, no reconocen la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental.
Pero España, en opinión de Campos, “no puede permanecer a la espera y encontrarse con determinadas sorpresas”, como la referida de la FAO. Citó además que, en algunos textos oficiales, aparece reflejado el Sáhara Occidental como territorio marroquí.
Para evitar que los hechos consumados del país vecino se extiendan a las aguas territoriales canarias, además de la “necesaria actuación” del Gobierno estatal insistió en la importancia de que el Parlamento apruebe una declaración institucional que ponga de manifiesto la unidad de los grupos contra este tipo de decisiones unilaterales, que pueden derivar en consecuencias indeseables.
