La diputada del Grupo Nacionalista Canario, Nereida Calero, ha pedido este miércoles a la consejera de Derechos Sociales que desarrollen medidas que permitan cumplir los derechos laborales de las víctimas de violencia de género que trabajan en el mismo centro que su agresor “y respetar las ordenes de alejamiento para hacer efectiva su protección”.
En Fuerteventura existen casos de mujeres que trabajan en el mismo lugar que su agresor, y que aún aportando la orden de alejamiento, la sentencia firme o el certificado del ministerio fiscal los empresarios no adecúan su servicio a esos requerimientos.
Para la diputada, puede ser que “falte formación para hacer frente a estas situaciones, y en el caso que conozco fue necesaria la ayuda de la directiva de la Kellys y del Concejal del Servicios Sociales, que se personaron en el hotel, porque la directora no les daba una solución”.
“El problema no deriva de la actuación del equipo de VIOGEN, que funciona perfectamente, deriva de si la víctima está trabajando, ahí es cuando sus derechos se vulneran porque alegan imposible cumplimiento”.
Hay que tener en cuenta que la Ley establece que la víctima tiene derecho a reducciones de la jornada, reordenación de los horarios y otras medidas, “y no se puede permitir que esto sea denegado, porque entonces estaríamos convirtiendo por dos ocasiones a la agredida en víctima, porque tiene que elegir entre seguir trabajando, y por tanto en contacto con el agresor, o dejar el trabajo y no tener ingresos”, denunció.
Para finalizar, Nereida Calero demandó a la consejera articular mecanismos de comunicación más efectivos con el Instituto Canario de Igualdad, “y establecer desde allí mecanismos que garanticen el respeto a las ordenes de alejamiento si la víctima quiere o necesita seguir trabajando en el lugar que lo estaba haciendo”.
