La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige Sebastián Franquis, ultima un decreto que permitirá a más de 7.400 familias canarias adjudicatarias de una vivienda de protección oficial acceder a la propiedad de esa vivienda que ahora mismo es de titularidad pública. Este decreto afectará a todas las viviendas calificadas como de protección oficial antes de 1996.
El consejero Franquis afirma que este decreto regional, que se está tramitando por la Consejería es totalmente compatible con el Proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda que se está tramitando actualmente en el Congreso, y por tanto no impide la adquisición de las viviendas que han cumplido ya los 30 años calificadas como de protección oficial, tal y como han indicado desde la oposición de Coalición Canaria. “Este Gobierno, tal y como se comprometió a través del Pacto por la Vivienda Digna y en el Plan de Vivienda 2020-2025, posibilitará el acceso a la propiedad de unas viviendas que se encontraban en una situación de incertidumbre, una situación que, precisamente Coalición Canaria, no fue capaz de resolver cuando tenía capacidad para hacerlo y se había comprometido a ello”, aseguró Sebastián Franquis.
Añadió el consejero que la Consejería está tramitando el citado Decreto, que además ya está en exposición pública, y que tiene como objetivo principal posibilitar el acceso a la propiedad de las viviendas en régimen de alquiler por parte de las personas adjudicatarias de viviendas que fueron declaradas como protegidas antes del año 1996 y desmiente que el proyecto de Ley estatal vaya a imposibilitar la transmisión de este tipo de hogares a sus adjudicatarios. “El proyecto de Ley estatal de Vivienda dará una respuesta necesaria a muchas familias y jóvenes para acceder a una vivienda digna y adecuada y que es plenamente compatible con la competencia autonómica en la materia”, explica el consejero Franquis, “de hecho son las viviendas situadas en los barrios que ha señalado estos días Coalición Canaria como las perjudicadas, las que precisamente se van a poder beneficiar de este Decreto que permitirá a sus inquilinos actuales poder adquirirlas. Por tanto, es falso lo que afirma Coalición Canaria en este asunto; los nacionalistas solo están intentando crear incertidumbre donde no la hay con fines populistas y oportunistas”.
Este procedimiento para la transmisión de las viviendas, que está previsto en la Ley de Vivienda de Canarias, se incluyó tanto en el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 como en el Pacto Social y Político por el Derecho al Acceso a una Vivienda Digna en Canarias, por lo que es un compromiso del Gobierno de Canarias en materia de vivienda que se va a materializar en esta Legislatura.
Al procedimiento de adquisición de las viviendas sociales que se prevé en el Decreto, una vez entre en vigor, podrían acogerse 7.435 familias de toda Canarias que ya han abonado al menos la mitad del precio de la vivienda que correspondería por sus casas a través de los alquileres que han ido abonando en estos años, y que fueron calificadas como protegidas antes de 1996.
La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, por tanto, vuelve a facilitar la adquisición de la titularidad de las viviendas a estas familias, con un nuevo Decreto, algo que no se hacía por parte del Gobierno de Canarias desde el año 2013.
La Consejería ultima este Decreto, que puede ser consultado en la página de Transparencia del Gobierno de Canarias, que prevé el acceso a la propiedad de las viviendas calificadas como protegidas con anterioridad al Tercer Plan Canario de Vivienda, es decir, antes de 1996, y establece también medidas de acceso a la vivienda protegida de titularidad de la empresa pública VISOCAN, en similares condiciones que los adjudicatarios de las viviendas protegidas de promoción pública.
El decreto puede ser consultado en este enlace: https://www.
