viernes. 29.03.2024
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Corren nuevos tiempos para la política de Fuerteventura. Independientemente de la línea editorial que tenga cada medio de comunicación (la nuestra ya hemos aclarado y demostrado que está vinculada exclusivamente al periodismo real alejado de cargas y pesebres), no puede haber ninguno que no entienda que el cambio está aquí y ha venido para quedarse. ¿Será un cambio positivo? Mucha gente entiende que sí, teniendo en cuenta la deriva que había tomado el Gobierno de la Primera Corporación insular bajo el mando de Blas Acosta.

Lo sucedido en los últimos meses en Fuerteventura es un claro ejemplo de que la toxicidad que ha determinado la política canaria en otros territorios, con un claro epicentro en la isla vecina y no siempre hermana de Lanzarote, ha llegado a la Maxorata. No existe ninguna razón objetiva para afirmar que el socialista Blas Acosta no podía continuar al frente de una institución en la que entró de presidente por la puerta de atrás, sin ser la persona más votada y querida por los pocos feligreses que acuden a votar en las elecciones locales y con causas gruesas pendientes con la justicia que aconsejaban, siguiendo además el maleable código ético de su partido, que se buscara otra opción para garantizar algo de estabilidad a los acuerdos que se alcanzaran. Pero no se hizo, y de aquellos polvos vienen estos lodos. Tanto los pactos en cascada como los pactos en situaciones de riesgo casi siempre resultan nocivos para la política en general y para la política local en particular.

Independientemente de las maniobras que han podido hacer los unos y los otros, especialmente Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) por sus lógicos y entendibles deseos de entrar a gobernar en la Primera Corporación insular, los sucesivos episodios protagonizados por el también secretario general de los socialistas majoreros han sido esperpénticos y en ocasiones un tanto surrealistas. Es algo cierto e indiscutible.

Nos cuentan que en la cúpula del Partido Socialista (PSOE) tuvieron que tomar nota de todo lo sucedido para adoptar decisiones que no han trascendido pero que son obvias. Aunque con Blas Acosta se ha hecho la vista gorda que no se hizo con otros dirigentes canarios en situaciones similares, caso por ejemplo reciente del ex alcalde de Arrecife José Montelongo o caso del ahora deseado Casimiro Curbelo, llegó un momento en el que no se pudo mirar para otro lado. Ese momento fue cuando el ya ex presidente del Cabildo cruzó una raya al afirmar, en pleno calentón radiofónico, que la justicia majorera está podrida. Eligió mal las palabras y mal el momento. Los socialistas canarios, por el peso y el poder que evidentemente siguen teniendo los socialistas majoreros en general y Acosta en particular, habían sido incapaces de decirle que no en su intento de ocupar el puesto de senador por la Comunidad Autónoma que ha quedado vacante tras la renuncia de Pedro Ramos. De ahí que fuera protagonista de una especie de pelea de gallos en la plaza del pueblo cuando se interpuso en el camino de Santiago Pérez, al que es evidente que los socialistas tinerfeños ofrecieron el mismo puesto para convencerle de que regresara al partido después de años en un exilio voluntario que le ha hecho caminar no siempre solo por el desierto y convertirse en una herramienta muy útil en la guerra de guerrilla que mantiene el PSOE con los nacionalistas, durante casi toda la vida sus aliados naturales y en estos instantes sus principales enemigos. Pero si lamentable fue que se hiciera público un pulso con la única razón de ser de ver a dos políticos que trataban a toda costa de obtener puesto público bien remunerado y un aforamiento para las causas pendientes que tienen en Canarias, mucho más lamentable fue la carta en la que Blas Acosta se retractaba de sus palabras y se flagelaba en plena calle para tratar de hallar no el perdón de la justicia sino el perdón de los suyos. ¿Tiene Blas Acosta derecho a pensar que la justicia está podrida, que no funciona como tiene que funcionar, puede un político creer que también hay corrupción en la justicia? Por supuesto que sí. Un político no deja de ser un ciudadano más que tiene derechos fundamentales, y el de la libertad de expresión está fuertemente asentado en nuestro ordenamiento jurídico y en nuestra joven Constitución. ¿Por qué rectificó entonces? Algunos creerán, como se ha publicado, que para evitar una denuncia anunciada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC); otros, los que tenemos más experiencia, estamos convencidos de que no, de que lo hizo para tratar de no perder las opciones que tenía de ser senador por la Comunidad Autónoma. Las denuncias o las querellas, y eso lo saben bien en el TSJC, no se anuncian, se ponen. Anunciarlas no es otra cosa que una advertencia pública de lo que se entiende no que no se puede sino que no se debe hacer. ¿De haber ido a juicio contra Acosta por sus afirmaciones un juzgado le habría condenado por expresar una opinión por muy gruesa que esta resultara? En tiempos en los que se discute incluso si es libertad de expresión desearle la muerte a alguien o injuriar y calumniar, como sucede con el tristemente famoso “rapero” Pablo Hasel, ¿se sostendría en un juicio que alguien no pueda dudar del buen funcionamiento de la justicia de este país? Todos los abogados consultados por este diario, que no han sido pocos, entienden que no.

Acosta, como sabe el despierto lector de Crónicas, al que cada día se suman más personas de Fuerteventura y confiamos en que poco a poco sigan siendo más, sabía que no podía seguir al frente del Cabildo. Dimitió para evitar ser censurado, para dar margen de maniobra a su partido. El pacto en su contra, sin embargo, estaba absolutamente consolidado, y los intentos del PSOE de amarrar otra nueva mayoría no sirvieron para mucho. Lo intentaron hasta última hora y lo siguieron intentando después de que se anunciara el nuevo acuerdo; nos consta.

Ahora, como reza el título de nuestro artículo, vienen tiempos nuevos en la política majorera. Gobernar en las circunstancias actuales no va a ser sencillo. De entrada, los nuevos socios tienen el viento en contra, no coinciden sus siglas con las que dominan en estos instantes el Gobierno autonómico. Sin embargo, y esto en la política local es muy importante, parece que las relaciones personales funcionan, fluyen y pueden ser claves para algo tan importante como es la estabilidad institucional.

El Cabildo de Blas Acosta no ha funcionado. Es otra obviedad. Su política, de último, ha tenido un tufo sectario que se ha visto reflejado incluso en la forma en la que se comunican las cosas y en el modo incluso en el que se maneja algo tan básico para permitir a los medios que trabajen con libertad como es la publicidad institucional. El Blas Acosta que gobernó con Marcial Morales de presidente no se ha parecido ni de lejos al Blas Acosta que ha sido presidente. Medios de comunicación como el nuestro, nada menos que con periódicos como este y con emisoras de referencia como la Cadena COPE, desaparecieron de su agenda por arte de magia. Nos consta que los vicios y enfrentamientos personales de personas de su partido de la isla vecina pudieron influir a la hora de tomar decisiones de imponer vetos y silencios. Pero allá cada cual. El tiempo termina poniendo casi todo en su sitio. Este es un tiempo nuevo. Sabemos, porque hemos hablado con todos los implicados, que hay ilusión y ganas de cambiar las cosas. Por el interés general, por el bien público, hay que desear que sea así y que los modos y maneras del presente no sean los modos y maneras del futuro.  

CAMBIO DE CICLO EN FUERTEVENTURA