El sector del deporte del motor en Fuerteventura se ha levantado en pie de guerra contra la suspensión cautelar adoptada desde la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), revocando provisionalmente la ordenanza insular aprobada en 2019 desde el Cabildo insular. Esta norma habilitaba las rutas para la circulación de quads, buggies, motos de trial, enduro o cross, y vehículos de naturaleza similar, además de la celebración de competiciones de rally.
Desde la Escudería Maxo Sport, que aglutina a la mayoría de pilotos de la isla, y lidera la organización de las pruebas, mantuvieron un encuentro en la tarde de este miércoles para evaluar la situación y organizarse. Acordaron distribuirse las tareas para reivindicar sus demandas a todos los niveles, desde el Cabildo de Fuerteventura y los ayuntamientos, pasando por los parlamentarios del grupo socialista, hasta la presidencia del Gobierno de Canarias, a través de los representantes de las federaciones de automovilismo.
La medida del TSJC partió de la Viceconsejería de Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, al impugnar el acuerdo plenario del Cabildo por el que fue aprobada la ordenanza insular. El consejero de Deportes actualmente en la institución, Claudio Gutiérrez, señaló este jueves en Cope Fuerteventura que esta medida no se entiende, en el sentido de que llega dos años después de aprobarse la norma, cuando "nunca se pronunciaron durante el plazo que estuvo expuesta al público".
Miguel Ángel Guerra, presidente del colectivo, explicó en declaraciones a Crónicas de Fuerteventura, que "estamos buscando alternativas viables. El problema es complejo, y tampoco quiero arrogarme el protagonismo, porque los jóvenes también tienen que implicarse en estas demandas. Nos hemos organizado para que representantes del sector levanten la voz".
De no levantarse la suspensión cautelar, la primera prueba en caer sería el Slalom de Las Salinas del Carmen, programada el 30 de julio, y le seguirían el Rally de Antigua, programado a finales de agosto, además de peligrar las competiciones después del verano, como por ejemplo el Rally de La Oliva.
Precisamente, según indicó el consejero, son dos tramos de las pruebas de Las Salinas (Antigua) y Lajares (La Oliva) los que habrían provocado el conflicto, por afectar a espacios naturales protegidos incluidos en la Red Natura 2000, reconocidos a nivel de la Unión Europea. "No se entiende que se impida pasar por ahí a los rallies, cuando por esos mismos caminos transitan cada día cientos o miles de vehículos", declaró.
Lo mismo opina la Escudería, al lamentar que "las excursiones de buggies y quads pueden seguir con su negocio, pero nosotros no podemos ni siquiera una vez al año. Es que no nos dejan ni entrenar en los circuitos", y protesta por los tediosos trámites burocráticos, informes y autorizaciones que deben recabar y costear en cada competición.
El consejero desveló que en una reunión reciente entre el presidente del Cabildo, Sergio Lloret, y el consejero de transición ecológica del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, el ejecutivo que dirige Ángel Víctor Torres se comprometió a valorar la situación, aunque sin llegar a comprometerse a resolverla.
Gutiérrez señaló directamente al Partido Socialista como responsable, y pidió la implicación de los responsables de este partido en los dos municipios afectados, en este caso los ayuntamientos de Antigua y La Oliva. "El sector del rally está pasando por dificultades en la actualidad y para colmo el PSOE sigue torpedeando y poniendo piedras en las ruedas al automovilismo con el silencio cómplice de los cargos públicos socialistas en aquellos municipios donde se celebran los Rallys", dijo el consejero en el comunicado del Cabildo.
"No dudamos que hay un trasfondo político", dijo también Miguel Ángel Guerra, poniendo como ejemplo la isla vecina, donde la presidenta de ese mismo partido, Dolores Corujo, "ha dicho que se van a celebrar todos los rallies. En Lanzarote se puede pasar, ¿y aquí no?", protestó.
La Corporación insular ha solicitado al Gobierno de Canarias que retire el contencioso, "lo que evitaría la suspensión de las pruebas". De otro modo, indicó el presidente de la escudería, Miguel Ángel Guerra, "no habrá salida hasta dentro de dos o tres meses, cuando se reúnan los abogados y procuradores con los jueces".
