Señoras Feministas en Fuerteventura ha expresado, mediante un comunicado, su más profundo rechazo hacia todo tipo de violencia de género que pueda recibir una mujer, sea quien sea y en el ámbito en el que ésta se produzca. Conocida la noticia sobre la querella que interpuso una trabajadora, en la que denuncia acoso sexual por parte de un concejal de Puerto del Rosario y el hecho, de que el máximo representante de la institución, "teniendo conocimiento de la situación, no informara a la concejalía de igualdad, para activar el protocolo, nos hace gritar alto y claro ¡BASTA DE VIOLENCIA MACHISTA E INSTITUCIONAL!".
Desde este colectivo sus integrantes manifiestan que "es imprescindible" que las instituciones de Fuerteventura tengan en conocimiento y activen todo protocolo ante la violencia machista "en cuanto se dé a conocer cualquier situación que denigre a una trabajadora de cualquier organismo gubernamental". Quizá tristemente, prosiguen, "la realidad nos muestra, como en nuestras propias instituciones, consideran que los asuntos de violencia deben resolverse dentro de casa, como si no fuera una cuestión de estado".
Las Señoras Feministas constatan que el propio ayuntamiento en su página web tiene público un plan de igualdad
http://www.puertodelrosario.org/images/CONCEJALIAS/IGUALDAD/plan%20 municipal.pdf que "aunque necesitado de ser actualizado, no ha servido ni siquiera dentro de la misma institución". En esta línea denuncian que "aun teniendo conocimiento de los hechos, estas medidas no fueran activadas". De esta manera, rechazan "las acciones tomadas por el alcalde" y se cuestionan, "¿qué visibilidad tiene en nuestra institución la Concejalía de iIualdad? Quizás la misma que la de esa trabajadora, que acude silenciosa e incómoda al trabajo, pero que antes de salir, se cuestiona qué ropa debe ponerse…"
Recuerdan que la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en su artículo 23 deja expresos los derechos de las funcionarias públicas, una vez que se está en conocimiento de la situación de violencia de género y también en su Capítulo III hace mención de las medidas que se pueden abordar.
También existen, La Ley Canaria 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género; La Ley Canaria 1/2010, de 26 de febrero, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Todas ellas hacen referencia explícita al acoso sexual, y a la obligación de las Administraciones de garantizar entornos libres de este tipo de violencia, así como de comunicar y actuar ante las situaciones de las que tengan conocimiento
El colectivo destaca que así se espera que actúen y respondan cada una de las y los miembros de las instituciones y partidos políticos, "y no afianzando comportamientos machistas, creyéndose en su derecho, porque su manada lo protege con el silencio, porque las leyes son insuficientes, porque los protocolos no se activan o porque se dirimen responsabilidades".
Esto no es una cuestión doméstica, ni privada, insisten, "es un problema político y de estructura social y normativa".
El acoso sexual, subrayan, es la intimidación o acoso de naturaleza sexual o violación, promesas no deseadas o inapropiadas a cambio de favores sexuales. En la mayoría de contextos jurídicos modernos el acoso sexual es ilegal. Y dentro del marco europeo la directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo define como acoso sexual: La situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico no deseado de índole sexual con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.
Por todo lo expuesto, exigen "que el alcalde de la ciudad de Puerto del Rosario y que todos los partidos políticos que conforman el gobierno municipal hagan sus declaraciones y aclaraciones pertinentes". Asimismo, "el conocimiento y formación de todo el personal, en cada una de las áreas en materia de igualdad, protocolos y acciones que protejan y amparen a una víctima de violencia de género dentro de la propia institución". Además, de la ejecución " de una investigación interna, oficial y posteriormente
pública de los hechos"
Para terminar, manifiestan su apoyo a Yaiza Sotorrio Espinel, "deseándole que, si las instituciones no la amparan, ojalá sí la ampare la justicia".
