Arropados por el presidente del Cabildo, Blas Acosta, la alcaldesa de La Oliva, Pilar González, representantes de distintas formaciones políticas y empresariales de la Isla, y buena parte de los empleados, que han acudido uniformados a pesar de estar en el ERTE, los directivos del Hotel Riu Oliva Beach y los integrantes de la plataforma civil `Salvar el Oliva´ han vuelto a denunciar este viernes, una vez más, la “injusticia” que se está cometiendo por parte del Ministerio de Transición Ecológica. Explican que vuelve a dilatar en el tiempo una respuesta a la solicitud de renovación presentada hace tres años por la propiedad.
En una entrevista este viernes en Cope Fuerteventura, el consejero directivo de Riu y máximo responsable de la zona Atlántica, Félix Casado, recalcó que desde 2017 “nos han puesto pegas que hemos ido solucionando cada vez, hasta ahora que anuncian la intención de revisar desde el inicio la concesión”. Para Casado, es “totalmente injusto e ilegal” ya que la empresa “ha cumplido con toda la legalidad".
El directivo recordó que la concesión se otorgó con el objetivo de reformar el hotel, incrementar su categoría y establecer un abono de dos millones de euros. “Ayer mismo nos llegó lo del primer semestre y tuvimos que pagar un millón de euros; sin licencia, sin reformar y sin ninguna solución”. No renuncian al canon, insistió, “pero no nos dan licencia para reformar”.
Para Casado la situación que están viviendo no responde a una cuestión de legalidad, sino de voluntad política. Por este motivo, confía en que los representantes políticos de Fuerteventura y Canarias “puedan presionar en Madrid” y solucionar, de una vez por todas, esta cuestión.
Desde Riu se insiste en que “la empresa no va a ceder, tiene toda la documentación legal para acometer la reforma” al tiempo que se muestra preocupación por el malestar de la plantilla a la que no puede, de momento, dar respuesta.
Casado subrayó que hay 400 familias que dependen directamente de la actividad del hotel y el gran impacto económico que supone para La Oliva. Asegura estar en disposición de crear entre 1.000 y 1.400 puestos de trabajo, en el ámbito de la construcción, durante los seis o siete meses estimados de desarrollo de trabajos dirigidos a la renovación del establecimiento que podría iniciar de inmediato y además “ el incremento entre 75 y 100 empleados (en la plantilla) con los nuevos servicios al incrementar de categoría”.
Por su parte, el presidente de la plataforma Salvar el Oliva y miembro del Comité de Empresa, Adrián Fernández, se hizo eco del gran malestar y preocupación de la plantilla por la actuación del Ejecutvio e hizo especial hincapié en el gran impacto socio económico en el municipio derivado de la falta de esta actividad. Si esto termina como quieren esos señores del Ministerio de Transición Ecológica en Madrid, insistió, “sería el peor atropello e injusticia que se ha acometido contra Canarias en el último medio siglo”, sentenció.
