La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias ha informado a los centros educativos de las islas de las medidas incluidas en la nueva estrategia de vigilancia y control frente al COVID-19 tras la fase aguda de la pandemia. Si bien se contemplan cambios, se mantiene la obligatoriedad del uso de las mascarillas en el interior de los edificios, la higiene de manos y la ventilación en los mismos al tratarse de medidas “que han dado muy buenos resultados en la contención de la propagación del virus”.
Por el contrario, se eliminan las cuarentenas y los aislamientos en los casos asintomáticos no vulnerables, y se recomienda que las personas con síntomas no acudan al centro educativo. Se considera población vulnerable a las personas mayores de 60 años, embarazadas e inmunodeprimidas con patologías claras y bien definidas por el Ministerio de Sanidad.
Solo se seguirán considerando entornos vulnerables los Centros de Educación Especial (CEE) que cuenten con residencia escolar, los cuáles serán considerados como centros sociosanitarios y respecto de los cuales se seguirá enviando la información a Salud Pública. En el archipiélago reciben esta calificación los CEE “Siete Palmas” y “Hermano Pedro” y sus residencias escolares.
Por otra parte, los casos confirmados deben extremar las precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales, además de utilizar de forma constante la mascarilla y mantener una adecuada higiene de manos durante los 10 días posteriores al inicio de síntomas o al diagnóstico en el caso de las personas asintomáticas. Se evitará especialmente el contacto con personas vulnerables y la participación en eventos multitudinarios.
Las personas que trabajan en ámbitos vulnerables y los trabajadores y trabajadoras que prestan apoyo y cuidados a personas vulnerables, no acudirán a su centro de trabajo durante los primeros cinco días desde el inicio de síntomas o desde la fecha de diagnóstico en el caso de personas asintomáticas. Siempre que sea posible, y en caso de que no sea susceptible de una incapacidad temporal, se recomienda el teletrabajo.
Pasado este tiempo, y siempre que hayan transcurrido 24 horas tras la desaparición de la fiebre o presente mejoría de los síntomas, se realizará una prueba de antígeno y si el resultado es negativo la persona podrá volver a incorporarse a su lugar de trabajo. Si el resultado es positivo, podrá repetirse la realización de la misma cada 24 horas hasta obtener un resultado negativo para poder incorporarse a su lugar de trabajo.
Además, no se realizarán pruebas diagnósticas de infección activa en pacientes sintomáticos, salvo las excepciones contempladas de los entornos o pacientes vulnerables o gravedad del cuadro clínico y no se recomienda la asistencia al centro educativo cuando el alumnado presente síntomas compatibles con COVID-19 o enfermedades infecciosas agudas.
El documento advierte de que es previsible que la variante Ómicron no sea la última del SARSCoV-2 que pueda generar preocupación, por lo que durante esta fase transitoria se deben conservar las estructuras extraordinarias de vigilancia y control desarrolladas durante la pandemia y garantizar que se podrían reactivar en caso necesario, por lo que resulta importante tener presente la reversibilidad de la estrategia en caso de que se dé una peor evolución de los indicadores o por la aparición de nuevas variantes.
También se especifica que no está contemplado el cierre de ningún centro educativo, y en consecuencia, ya no es necesario el control sobre los casos ni el envío de estos datos a Salud Pública ni al servicio de estadística de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, así como tampoco los datos de brotes identificados con más de cinco casos o el 20% en un grupo-aula.
Por último, se advierte de que en el ámbito educativo no se establecerá ninguna actuación ni medidas específicas dirigidas a casos o contactos diferentes a las definidas en la “Estrategia de vigilancia y control frente al COVID-19 tras la fase aguda de la pandemia” elaborada por el Ministerio de Sanidad, el cual también deberá actualizar los aspectos organizativos de los centros educativos descritos en el “Documento sobre medidas de prevención e higiene de los centros educativos”.
