Doce miembros del Comité de empresa del Hotel Riu Oliva Beach permanecían, tras más de veinticuatro horas, frente a la delegación del gobierno en Las Palmas, en la mañana de este jueves, a la espera de conocer de una vez por todas si el Ministerio de Transición Ecológica autoriza la realización de las obras de reforma del establecimiento. Un permiso que llevan esperando dos años y medio y que parece “sólo nos compete a los trabajadores”, según denunció en Cope Fuerteventura el presidente de la plataforma Salvar el Oliva Beach y también miembro del Comité de Empresa, Adrián Fernández, porque ahora “está todo el mundo jalado para atrás”.
Acompañados de más compañeros y de representantes sindicales, los representantes de los trabajadores iniciaron en la mañana del miércoles una concentración frente a las dependencias del gobierno para exigirle al presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, que contacte “con quien haga falta y nos digan sí o no”.
Una demanda que le trasladaron en el marco de un encuentro que se desarrolló a lo largo de una hora y donde las partes constataron que “ya está todo documentado y según los informes jurídicos no debería haber obstáculos y se debería dar el permiso de renovación”.
Ahora los empleados se encuentran a la espera de respuesta por parte del jefe del ejecutivo pero la llamada no se produce, de momento. Los trabajadores concentrados confiesan que se sienten “un poco abandonados” y que abandonarán esta tarde el lugar, en el que ya no tienen permiso para estar, “nos llame (el presidente) o no nos llame”.
Cansado tras más de dos años y medio esperando un documento que pemita renovar el establecimiento, aumentar su categoría, incrementar la plantilla de trabajadores y crear unos mil puestos de trabajo el tiempo que duren las obras, Fernández reconoce que el tiempo va acusando un “desgaste que no sabemos si es intencionado o no” pero que, sin duda, está haciendo mella en los ánimos de las cerca de 400 familias que dependen directamente de su actividad. Aun así, anuncian que continuarán reivindicando y exigiendo una respuesta “que esté dentro de la ley, que no busquen un resquicio para paralizar una cosa que todos los informes indican que esto no debería estar parado”, concluyó.
