La titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, ha ordenado suspender la entrega de 34 millones de euros que forman parte del rescate a la aerolínea y que se debían desembolsar el 28 de julio, para que la empresa acredite que realmente necesita este préstamo para pagar a proveedores, informa cope.es.
El pasado 9 de marzo, el Gobierno dio luz verde al rescate de Plus Ultra con 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI.
Plus Ultra fue la segunda línea aérea, tras Air Europa, en recibir ayuda de este fondo, creado en julio de 2020 para dar apoyo a empresas estratégicas solventes y viables a las que la pandemia de la COVID-19 ha puesto en una situación difícil.
Se trata de un caso en el que se encuentran personados tanto el Partido Popular como Vox, además del sindicato Manos Limpias. El origen de la suspensión procede de una petición de medidas cautelares. El PP presentó un escrito para paralizar el pago de 34 millones, sobre un total de 54, previsto para finales de mes. Vox, por su parte, presentó un escrito en la misma línea solicitando también la paralización de los pagos a la línea aérea. Por su parte, el propio fiscal solicitó que se requiriese a la aerolínea para que acredite la necesidad de la entrega del préstamo para su viabilidad como empresa.
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El Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid investiga el rescate por importe de 53 millones de euros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales concedió a Plus Ultra para mantenerla a flote, y que Vox y PP, ambos personados en la causa, consideran irregular.
El propio FASEE comunicó a la juez el pasado 14 de julio que en dos semanas se cumplía el plazo para efectuar el segundo pago del rescate a Plus Ultra, por importe de 34 millones de euros, ante lo cual Collazos dio traslado a las partes para que se pronunciaran.
La Abogacía del Estado, que representa a los miembros del Consejo Gestor del FASEE, alegó que se debería pagar, reivindicando "la plena legalidad del apoyo financiero otorgado" a Plus Ultra, aunque subrayando que, dado que no tiene "particular interés" en que se haga el desembolso, comparte el "principio de prudencia".
La Fiscalía de Madrid, por su parte, interesó "requerir a Plus Ultra a efectos de que en el término más breve posible acredite la necesidad de entrega del préstamo participativo de 34 millones de euros (...) para pago a acreedores, proveedores, etc".
La SEPI, a través del FASEE, concedió "un apoyo financiero público temporal" a Plus Ultra, a petición de la propia aerolínea, que se estructuró en dos partes: un préstamo ordinario de 19 millones de euros con vencimiento a cinco años que ya se ha entregado, y un préstamos participativo de 34 millones a devolver en siete años, que estaba pendiente y ahora se ha suspendido.
Collazos ya ha incoado diligencias previas contra el que fuera presidente de la SEPI y su actual vicepresidente, Bartolomé Lora, y contra los miembros del Consejo de Administración por una presunta malversación en la tramitación de la ayuda pública a Plus Ultra.
