Las comunidades autónomas han salido este miércoles del Consejo Interterritorial con una sensación agridulce, ya que esperaban que el Gobierno diese una respuesta contundente a qué pasará una vez que el estado de alarma decaiga el próximo 9 de mayo. Pero, según informa cope.es, el Ejecutivo, con la ministra de Sanidad como portavoz, ha puesto encima de la mesa el decreto-ley de medidas urgentes aprobado el pasado martes, con el que se pone en marcha un recurso de casación que permite a las comunidades autónomas y al Estado recurrir al Tribunal Supremo cuando los Tribunales de Justicia o la Audiencia Nacional se nieguen a ratificar las medidas restrictivas planteadas para el control de la pandemia.
"El escenario que se sitúa tras el 9 de mayo es completamente diferente a cuando tuvimos que declararlo a petición de las comunidades" en octubre, ha respondido la ministra al ser preguntada por qué ahora y no antes se ha aprobado este real decreto. Pero varias comunidades autónomas se han mostrado reacias a esta herramienta jurídica. En concreto las comunidades gobernadas por el Partido Popular, Cantabria, País Vasco y Cataluña han visto en esta estrategia una opción por parte del Gobierno Central para eximir sus responsabilidades, ya que señalan que este tipo de decisiones no se pueden tomar en los tribunales. Por su parte, las comunidades autónomas lideradas por el PSOE han visto en este real decreto la mejor manera para afrontar el futuro. A continuación, repasamos las posturas de cada comunidad autónoma.
En líneas generales, de cara al fin del estado de alarma, ya son varias las comunidades autónomas que ha anunciado que no mantendrán el toque de queda nocturno, como Cataluña, Castilla y León, Andalucía, mientras que Baleares ya ha anunciado que lo mantendrán hasta el 23 de mayo, y Navarra plantea prorrogarlo, aunque levantará el cierre perimetral.
Igualmente, Extremadura dejará sin efecto el cierre perimetral desde las cero horas de este viernes. Mientras, la Fiscalía Superior del País Vasco ha expresado su rechazo a que se autoricen judicialmente los cierres de Euskadi y de los municipios, así como el toque de queda una vez finalice el estado de alarma. Por su parte, Cantabria mantendrá otros 14 días cerrado el interior de los establecimientos de hostelería, y baraja la posibilidad de cierres perimetrales de municipios que incluyan toque de queda dependiendo de la situación epidemiológica.
La posición de las comunidades autónomas
Andalucía: el Ejecutivo de Juanma Moreno ha criticado que el Gobierno no haya creado un 'plan b' para facilitar a las comunidades autónomas herramientas útiles, pretendiendo pasar al Tribunal Supremo "la pelota". Mientras tanto, el Gobierno andaluz se encuentra trabajando en un plan que permita una "transición andaluza hacia la normalidad".
Aragón: Javier Lambán toda no se ha pronunciado al respecto, aunque no ve con buenos ojos que se levante el toque de queda una vez acabe el estado de alarma.
Asturias: desde Oviedo han mostrado prudencia respecto a la decisión del Gobierno Central. Su presidente, Adrián Barbón ha defendido que "no tienen nada que objetar" a la decisión, ya que consideran que es una novedad desde el punto de vista jurídico.
Baleares: el Gobierno balear se ha encontrado con el revés del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que no ha aceptado las medidas que se quieren aplicar a partir del próximo 9 de mayo. Respecto a la decisión del Gobierno todavía se guarda silencio.
Canarias: su presidente, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que su gobierno está estudiando la medida del Gobierno Central desde el punto de vista "jurídico, técnico y científico".
Castilla y León: Alfonso Fernández Mañueco ha señalado que esta decisión del Gobierno es un ejemplo más "de negligencia y dejación" de sus funciones, y pide a Moncloa la preparación de un plan intermedio.
Castilla-La Mancha: en Toledo han echado de menos que el Consejo Interterritorial plantease "algunos criterios homogéneos entre las comunidades autónomas y se aportaran soluciones más contundentes al final del estado de alarma.
Cantabria: el Gobierno de Miguel Ángel Revilla plantea que esta medida del Gobierno no es una solución al problema, ya que plantea que las decisiones el Tribunal Supremo se pueden extender en el tiempo, complicando demasiado la situación.
Cataluña: desde Barcelona defiende la postura de que el Gobierno con esta decisión traslada la responsabilidad a los estamentos judiciales.
Extremadura: se considera que la decisión es acertada, ya que permite una unificación de la doctrina por parte del Tribunal Supremo.
Euskadi: el gobierno vasco sigue optando por mantener el estado de alarma, y ha señalado que no es responsabilidad de los tribunales tomar medidas respecto a la pandemia.
Galicia: Feijóo tampoco ve con buenos ojos que la responsabilidad recaiga en los estamentos judiciales.
La Rioja: este viernes en Logroño se realizará una reunión para establecer la estrategia del gobierno autonómico respecto al final del estado de alarma.
Madrid: debido a las elecciones del pasado 4 de mayo, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso todavía no se ha pronunciado al respecto a la medida presentada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Murcia: El Ejecutivo de Fernando López Miras echa de menos también la presentación de un plan b para dar herramientas jurídicas a las comunidades autónomas para poder sacar adelante sus medidas de contención.
Navarra: desde Pamplona se procederá a flexibilizar las medidas preventivas tras el final del estado de alarma.
Comunidad Valenciana: Ximo Puig sostiene que hay que atender a la letra pequeña de esta medida porque "puede tener muchas aristas".
