La Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil ha detenido esta mañana al coronel de la Guardia Civil Juan Antonio Maroto Gil y al teniente coronel Alberto Martín Altube, ambos jefes del Servicio de Contratación del Cuerpo por su presunta implicación en una trama de adjudicaciones de contratos públicos. Los arrestos -se han producido otros cinco, entre ellos el de un subteniente- se encuadran en la operación Grapa, una red acusada de amañar contratos públicos tanto en la Policía como en la Dirección General de Tráfico (DGT) en la que ya fueron detenidos en octubre de 2017 una quincena de personas, la mayoría funcionarios públicos.
Según la información de abc.es, la investigación, dirigida por la Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado y el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid, se centra en el amaño de concursos públicos en la Dirección General de la Guardia Civil donde se ha destapado la connivencia entre un grupo de funcionarios públicos con empresas beneficiarias de las adjudicaciones. Las pesquisas han destapado la manipulación de un gran número de expedientes de contratación, entre ellos de suministros de prendas y artículos de uniformidad en el Instituto Armado.
En esa supuesta actividad delictiva, desarrollada desde hace años, han participado tanto miembros del Cuerpo como particulares de las empresas contratistas. Los mandos de la Guardia Civil implicados habrían recibido importantes recompensas por esos amaños de contratos.
La operación Grapa arrancó de un caso anterior de estafa y apropiación indebida en el que fue detenido Luis Javier Soria, máximo responsable de «Spe Brokers Correduría de Seguros». Este individuo recibía las cuotas mensuales de los asegurados de la Policía con «Allianz», pero esta compañía no recibía finalmente ese dinero.
Al verse acorralado, Soria decidió tirar de la manta. Contó que determinados mandos con responsabilidad en la gestión de los contratos públicos de la Policía se habían estado enriqueciendo a cambio de favorecer a determinadas sociedades. El principal facultativo Juan Vicente Jiménez habría recibido más de medio millón en efectivo desde 2001. Estuvo preso hasta mediados de marzo. Asimismo reveló que a través de su empresa «Spe Brokers» había hecho pagos en efectivo y en especie a funcionarios de la DGT con puestos relevantes para que favorecieran a las aseguradoras que él representaba. Y aportó un «excell» con los pagos.
El denunciante, además, también implicó a dos de los subordinados de Juan Vicente Jiménez: Faustino Herráiz, jefe del Servicio de Contratación de Servicios, y a Fernando de la Peña, jefe del Servicio de Vestuario y Equipamiento. El máximo responsable elaboraba los pliegos que regulan las condiciones del contrato y solía formar parte de la mesa de contratación que resolvía los concursos.
En junio de 2016 Jiménez fue nombrado jefe de Área de Apoyo Técnico a la Jefatura Central de Logística e Innovación, un puesto de nivel 28 en la administración, desde el que, según las investigaciones, continuó con sus actividades presuntamente irregulares. Así, en una intervención telefónica realizada un año después comenta que había diseñado el fraccionamiento del pago de unos módulos de aula para la Escuela de Ávila para que pudiese haber una adjudicación directa, sin publicidad.
Asimismo, en mayo de 2017 utilizó medios materiales y humanos de la Policía para arreglarse el mobiliario y en julio de ese año recibió una invitación de un empresario amigo para celebrar que le habían adjudicado el servicio de lavandería de la Escuela de Ávila. En su ordenador se localizó un correo electrónico de ese empresario en el que le pide que le revise el borrador que ha hecho su abogado para expulsar del concurso a una competidora, lo que en efecto sucede. La comida se celebró en septiembre para que pudiera asistir también Faustino Herráiz. Acudió asimismo el comisario jefe de la División Económica y Técnica entre 2005 y 2013.
En septiembre del año pasado el actual jefe de la Unidad, el comisario Daniel Belmar, comenzó a ver cosas que no le gustaban y criticó la gestión heredada de Juan Vicente Jiménez y Faustino Herráiz. De hecho, habló con el primero en relación a unos extintores y el interlocutor comentó en agosto con el otro implicado que lo que hacía Belmar era «muy peligroso» para ellos.
La investigación patrimonial de Jiménez y su entono familiar reveló un aumento del mismo «muy evidente» en los últimos años, que en principio «no se correspondía con los ingresos» de su trabajo. Además del cerca de millón y medio de euros que invirtió en inmuebles resulta muy sospechoso que buena parte de ese dinero, 300.000 euros, se pagase en efectivo. En coches también hizo un gasto notable: otros 112.000 euros en vehículos de alta gama, alguno de segunda mano, mientras que para viajes empleó 26.272 solo en una agencia de unos grandes almacenes. Además, junto a su mujer tenía productos financieros por valor de al menos 120.000 euros...
El primer gran pelotazo que dieron el empresario Soria y Jiménez se produjo en 2003, cuando utilizaron un procedimiento restringido para contratar un seguro para los conductores oficiales de la Policía. Había un acuerdo previo entre ambos para que la adjudicataria fuera Caser, representada por el empresario. A partir de ahí se firmaron por procedimientos similares otros contratos de seguros necesarios y obligatorios para poder desarrollarse la actividad policial. El pacto era repartirse entre ambos, en una proporción pactada previamente, la comisión que recibía la correduría por su intermediación en la póliza contratada. Entre 2007 y 2010 los beneficios para el facultativo fueron de unos 80.000 euros.
Pero Luis Vicente Jiménez, además, tenía personas de confianza en la Dirección General de Tráfico que desempeñaban puestos de similar naturaleza al suyo. Es decir; había posibilidades reales de ampliar el mercado. Los aliados aquí serían María Luisa de la Cinta Alonso, subdirectora adjunta de Administración Económica (nivel 29) y Manuel Guillén García, inspector jefe responsable del Área de Vigilancia de la Subdirección General de Gestión del Tráfico y Movilidad.
El corredor de seguros comenzó a utilizar las mismas prácticas en la DGT, que agradeció que su entonces amigo Jiménez allanara el camino con el pago de más cantidades de dinero en efectivo, cerca de 150.000 euros entre 2003 y 2010. No en vano, él era quien había inventado el modus operandi de la trama corrupta. Por su parte Manuel Guillén, que aún está encarcelado, habría obtenido más de 350.000 euros hasta 2013, mientras que la subdirectora adjunta habría cobrado más de 80.000. Además, también se beneficiaron de polizas de seguro gratis, para ellos y para sus familias.
