Emplead@s del Hotel Riu Oliva Beach y miembros del Comité de Empresa, acompañados de representantes sindicales, se concentrarán este miércoles, a partir de las once de la mañana, frente a la delegación de gobierno en Las Palmas para exigir al presidente, Ángel Víctor Torres, el desbloqueo del proyecto de renovación del establecimiento norteño; todo un referente en el sector turístico majorero que inició su actividad hace 42 años y que emplea a casi 400 familias de forma directa.
El presidente de la plataforma Salvar el Oliva Beach y también miembro del Comité de Empresa, Adrián Fernández, y su compañera en el Comité, Manuela Gómez, señalaron en una entrevista en Cope Fuerteventura que quieren “no tanta amabilidad y sí más efectividad” por parte del presidente que debe, insistieron, velar por los trabajadores y buscar una solución “aunque se tenga que enfrentar en Madrid …debería rebelarse ya sí o sí”, recalcaron. A la espera de que el jefe del Ejecutivo regional pueda ofrecerles una respuesta positiva, aseguran que si no les atiende “los miembros del Comité de Empresa han dedicido no regresar a Fuerteventura. Nos quedaríamos allí delante sentados..hasta que nos atienda y nos dé una solución”.
Los representantes de los trabajadores lamentan que el tema de la Covid “lo paralizó todo” y piden agilizar el procedimiento “porque si antes era importante la renovación del hotel, ahora tras la pandemia y vista la crisis, es vital”. Aseguran que si las obras se reactivaran en otoño, “hay un presupuesto para contratar a casi mil empleados para la reforma que se extendería durante unos cuatro o cinco meses, podría llegar hasta seis”. Una reactivación importante que permitiría no solo crear trabajo en el sector de la construcción sino también, una vez finalizados los trabajos, incrementar la plantilla a unos 450 empleados.
En este contexto, los empleados abogan por “ponernos en el marco legal y no siempre buscar un obstáculo donde no lo hay”. Este señor, aludiendo al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, “busca y busca, no sabemos con qué intención” aunque ya dejó clara su postura en una ponencia contraria a la concesión otorgada al establecimiento en 2016 por parte del PP.
Los miembros del Comité de Empresa aseguran, por otro lado, que la empresa está contestando prontamente a todos los requerimientos realizados desde la oficina técnica del Ministerio para la Transición Ecológica. El último de ellos, y al parecer el más importante, hacía referencia “a las 18 unidades de las 413 que pertenecen a privados y que no se han adherido a las últimas concesiones que se le han dado a esta finca”. Una situación irregular que ya se ha subsanado, aseguran, “ya tienen sobre la mesa que estos 18 privados han dado el consentimiento de no poner ningún obstáculo para esta reforma”.
Ahora sí, defienden, es hora de recuperar el tiempo perdido y de agilizar los permisos para renovar el establecimiento y reactivar el tejido económico y social.
