​El Instituto Canario de la Vivienda saca a licitación estas intervenciones, financiadas con fondos FEDER, a las que las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el próximo 29 de junio 

 

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, que dirige Sebastián Franquis, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), saca a licitación un total de 24 actuaciones de reforma, reparación y conservación en diferentes Viviendas Protegidas de Promoción Pública ubicadas en el Archipiélago con un presupuesto de 1.359.808 euros financiado a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El plazo de presentación de ofertas estará disponible en la Plataforma de Contratación del Estado hasta el próximo lunes 29 de junio a las 13:00h.

 

Las actuaciones licitadas por el ICAVI son un total de 24, repartidas en varios lotes que serán ejecutados en catorce municipios diferentes respondiendo al siguiente listado: En Gran Canaria se ejecutarán once actuaciones en cinco municipios, en Tenerife nueve actuaciones en cinco municipios, en la isla de Fuerteventura tres actuaciones en tres municipios y en La Palma se licitará una actuación.

 

En estos municipios se llevarán a cabo obras de reforma, reparación y conservación en las viviendas del parque público dependientes del ICAVI. Estas actuaciones, que se ejecutarán en un plazo de tres meses, consistirán en la pintura de fachadas, impermeabilización de cubiertas y reparación de fachadas de inmuebles.

 

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, que dirige Sebastián Franquis, suma esta iniciativa al programa de actuaciones que se ha diseñado para mejorar la situación de la vivienda pública existente en el Archipiélago, destinando los recursos necesarios para reformar y ampliar el parque público.  

 

Esta actuación se suma a los objetivos que se enmarcan dentro del Pacto por la Vivienda Digna en Canarias para desarrollar políticas que fomenten la rehabilitación y la promoción de nuevas viviendas. Este Pacto contempla la construcción y rehabilitación de vivienda pública en todo el Archipiélago, con fondos propios y en coordinación con otras administraciones y el sector privado, tras ocho años en los que no se promovió la construcción de ninguna VPO en las Islas.