Decreto de convalidación de la temporalidad
Los sindicatos más representativos a nivel nacional hemos hecho nuestro trabajo para frenar la temporalidad después de años de abuso y dejación por parte de los gobernantes.
Es hora de dar una solución a miles de personas que llevan años encadenando contratos temporales por la mala planificación en materia de recursos humanos de las distintas administraciones públicas, favoreciendo la estabilización de su plaza con seguridad jurídica, para que los procesos selectivos no puedan verse truncados con posterioridad en los Tribunales.
El texto que finalmente salga de la Cámara Baja debe ir en consonancia con nuestro marco legislativo, la directiva europea y la reiterada jurisprudencia sobre el acceso al empleo público, con el fin de limitar de manera efectiva la contratación temporal y establecer medidas disuasorias para sancionar una práctica que han realizado gobiernos de uno y otro signo político en España.
Los anuncios realizados el pasado miércoles en sede parlamentaria generan más incertidumbres que certezas. En esto no se puede improvisar. En primer lugar, se puede producir discriminación. Se tienen que explicar los criterios: ¿por qué diez años y no tres o cuatro u ocho y medio? No olvidemos que recientemente el Supremo ha modificado su doctrina y ha fijado que la temporalidad superior a tres años es excesiva y, en segundo lugar, las Administraciones van a tener una enorme dificultad para identificar las plazas que no han salido a ofertas de empleo público en los últimos diez años y a las personas que ocupan dichas plazas.
Las ofertas de empleo público contemplan un número determinado de plazas, pero no identifican la antigüedad. Esto conlleva una complejidad técnica que será difícil de solucionar.
Desde CSIF reclamamos a los grupos políticos responsabilidad y sentido de Estado, para que el futuro proyecto de Ley salga adelante con el máximo consenso posible y se respete el espíritu y la letra del acuerdo firmado con los sindicatos.