La Guardia Civil interviene más de 2.000 kilos de pescado en un local de restauración que no cumplía con la legislación alimentaria en Gran Canaria

- El pescado fue localizado en una inspección en prevención de la comercialización de especies pesqueras procedentes de la pesca no autorizada, con la colaboración de inspectores de pesca de la Viceconsejería de Sector Primario del Gobierno de Canarias e inspectores de la Dirección General de Salud Pública

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de Las Palmas ha procedido el pasado 11 de noviembre a la incautación y destrucción de más de 2.000 kilogramos de productos pesqueros congelados que fueron localizados en una inspección realizada con la colaboración de Inspectores de la Viceconsejería de Sector Primario, Dirección General de Pesca e inspectores de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canaria, en un local de restauración ubicado en el término municipal de Ingenio, al detectar que carecían de etiquetado sanitario.

Tal y como explica este jueves en nota de prensa el Instituto Armado, dentro de las instalaciones de la empresa, los agentes del SEPRONA localizaron como producto congelado un total de 546 kilogramos de Pulpo, 163 kilogramos de Lapas, 1320.2 kilogramos de Tunas (tunus obesus) y 60 kilogramos de Barrilotes, bonitos del norte (thunus alalunga), pudiendo verificar como los pulpos se encontraban individualmente en bolsas de rafia y plástico utilizadas habitualmente en tiendas y supermercados.

Por otro lado, explica la Benemérita, las lapas también se encontraban embolsadas de la misma manera y a granel. Por ello los agentes a efecto de comprobar su legal procedencia solicitaron la documentación necesaria sin poder acreditar el responsable del local la correcta trazabilidad de los productos, dándose la circunstancia de que tras realizar el correspondiente pesaje y mediciones se pudo comprobar cómo alguna de estas especies carecían de la talla mínima permitida para su comercialización.

Todos los productos pesqueros fueron intervenidos por estos motivos y por no reunir las condiciones sanitarias para su comercialización, los cuales no fueron donados a un centro benéfico por no poder acreditar la trazabilidad de los mismos  procediendo a su destrucción en gestor autorizado.

Por todo ello, la Guardia Civil confeccionó las correspondientes denuncias por diferentes infracciones a la Ley 17/03 de Pesca de Canarias, entre otras por carecer de nota de primera ventas y no respetar las tallas mínimas remitidas a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias y a la Ley Sanitaria y Calidad Alimentaria por introducir alimentos en la cadena alimentaria sin reunir las condiciones sanitarias mínimas remitidas a la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias.