Los vecinos de Cofete tratan de evitar la cárcel
El Cabildo de Fuerteventura, el Ayuntamiento de Pájara y los vecinos de Cofete se han reactivado para intentar que la localidad sea, por primera vez, reconocida como poblado a nivel de planeamiento. Su ubicación en un parque natural, y el histórico vacío legal sobre la propiedad de las viviendas, han dado lugar a penas de cárcel y cuantiosas sanciones para los vecinos del lugar a tenor de las reformas realizadas
Los vecinos de Cofete viven una situación difícil de comprender, cuando decenas de ellos se encuentran afectados por sentencias de cárcel por acometidas de distinto tipo en las viviendas que actualmente componen el poblado. El asentamiento existe desde hace al menos 200 años, pero no está registrado en ningún documento de planeamiento, ni en el Plan General de Pájara –a diferencia del Puerto de la Cruz, en la Punta de Jandía, que sí lo está-, ni en el Plan Insular de Ordenación (PIOF), ni tampoco en Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural de Jandía.
Este último documento, que junto a la zona ZEPA, considera toda la península de Jandía un espacio natural protegido, reconocido a nivel europeo dentro de la Red Natura, comenzó a redactarse en 1995, se aprobó en 2006, y fue anulado por sentencia del Tribunal Supremo en el año 2013. El único amparo legal para Cofete como poblado sería, según explicó el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, este jueves en Cope Fuerteventura, la Ley de Medidas Urgentes del año 2009, que reconoce Cofete como poblado tradicional.
La anulación del Parque Natural de Jandía no ha impedido la sucesión de denuncias que acumulan los vecinos y vecinas durante los últimos años, lo que ha llevado al Cabildo de Fuerteventura a reactivarse para intentar resolver el problema. Tras la reunión con los vecinos celebrada el pasado miércoles 23 de marzo, encabezada por el presidente y titular de Ordenación del Territorio en el Cabildo, Sergio Lloret, y el alcalde de Pájara, Pedro Armas, la institución insular informó sobre su compromiso de buscar una solución para "acabar con una pesadilla que tienen muchos de ellos, con sentencias que consideramos injustificadas", valoró Lloret en el comunicado.
Y detalló en su entrevista con esta emisora que ha sido el profesor Francisco Villar, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de la Laguna, y "uno de los padres de la Ley de Medidas Urgentes, quien se encuentra asesorando a los vecinos para encontrar una solución provisional mientras se redacta el nuevo PRUG". Esta solución iría por la vía municipal, de tal modo que sea el Ayuntamiento de Pájara, través de una modificación menor y puntual de su Plan General, quien establezca una delimitación y ordenación interior provisional del poblado.
Esa "posibilidad de legalización", detalló, sería lo que ampare "la no ejecución de esas sentencias. A lo mejor sanciones administrativas o económicas por hacer obras sin licencia, pero no penas de cárcel", y adelantó Lloret que "en la reunión nos comprometíamos a hacer un estudio específico para ver la situación de estos expedientes, los valores ambientales que existen, que presumiblemente no los hay, y sobre el valor histórico y arquitectónico desde el punto de vista del patrimonio de Fuerteventura".
La representante vecinal, Bienvenida Díaz, relató a Crónicas de Fuerteventura que con la aportación de Villar, sería posible "ordenar el poblado de forma aislada. Sería una medida provisional, un ordenamiento solo del poblado, de manera separada del PORN y del PRUG. Hay bastantes denuncias, y podríamos evitar que estas se sigan produciendo. En resumidas cuentas, tener un marco jurídico acorde con el poblado, porque nunca se tuvo en cuenta en ordenaciones anteriores".
La opinión de los vecinos: "estamos satisfechos pero expectantes"
Bienvenida Díaz Rodríguez es la actual presidenta de la Asociación de Vecinos Caserío de Cofete, acompañada de Carlos Arocha Rodríguez y Antonia Alonso Rodríguez en la nueva directiva constituida hace un año. Relató en relación a la reunión que "estamos satisfechos, pero también expectantes", porque "ya en años anteriores, se nos había dicho algo parecido. En este caso son medidas concretas y específicas, y esperamos que se lleven a buen término".
En relación a las denuncias y sentencias que les han llegado, explica que la mayoría "son por los pozos negros de las casas. Muchos no sabían que no se podía hacer", e indica que tanto el parque natural como la zona ZEPA (Zona Especial de Protección de Aves), son "protecciones que se hicieron sin tener en cuenta que aquí vivía gente. Muchos de nuestros padres nacieron en Cofete. Tenemos incluso un cementerio", lo que no dejaría duda de que Cofete es un núcleo poblacional histórico: "no nos estamos sacando nada de la manga".
Según la asociación, actualmente pesan sobre los vecinos cerca de una veintena de sentencias firmes de demolición, todas por la vía penal con la excepción de una, por la vía administrativa, algo que no entienden, pues estas dan lugar a penas de prisión y multas desorbitadas. "En mi caso, porque no quiero hablar por otros, es un año y medio de cárcel y más de 20.000 euros de multa, por un muro, una pérgola y un pozo negro", señala Díaz. Entiende que son sanciones desproporcionadas, pues la protección natural es reciente, y por lo tanto no sería culpa de los vecinos y vecinas tener una casa dentro de un espacio que se declara protegido.
El Cabildo de Fuerteventura, en su último comunicado remitido a los medios indica que en la actualidad hay en torno a "una treintena de viviendas" en Cofete, una cifra superior al poblado original. Los propios vecinos reconocen que hay construcciones que son recientes, pero también es cierto que, en ausencia de planeamiento, no es tan sencillo diferenciar las antiguas de las nuevas, y a los propietarios legítimos de los que no lo son. Además, la propia institución habría recomendado años atrás la rehabilitación de las viviendas, habiendo recibido denuncias algunas de las acometidas realizadas.
Por otro lado, fuentes técnicas en el ámbito de la arquitectura y la restauración, matizan que si el núcleo tiene un interés histórico y patrimonial, no tendrían cabida muchas de las reformas realizadas, por haber desvirtuado y modificado el poblado original, y habiendo ocupado también, las estructuras más modernas, espacios de interés agrícola y etnográfico que debieron haberse preservado.
El origen de Cofete y su despoblamiento
Otro aspecto problemático en Cofete sería aclarar la titularidad de las viviendas. El pueblo surgió dentro de la Dehesa de Jandía, una finca que existe y que viene cambiando de manos desde el siglo XV, como recoge el libro 'Litigio sobre la Dehesa de Jandía 1500-1815', editado por el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas. En la actualidad, tras la familia Winter, su propietario actual es la empresa grancanaria Lopesan.
La presidenta de la asociación señala que hay vecinos que tienen documentos de propiedad, y otros que no. En los encuentros que han mantenido con la empresa propietaria de la finca, el resultado ha sido de buena predisposición. "Sus representantes nos trasladaron, de forma amigable y amistosa, su voluntad de que exista un reconocimiento de propiedad".
Sobre la etapa en que la península de Jandía estuvo administrada por la familia Winter. No quiere desviar la atención del problema principal, sus reivindicaciones, pero reconoce que es importante entender el origen del problema.
Explica Bienvenida Díaz que Cofete tiene unos doscientos años, que "fue el primer asentamiento de la península de Jandía. El primero. Tiene más del doble de años que el pueblo de Morro Jable". Estuvo habitado a lo largo del siglo XX, aunque se despobló a partir de la década de los años 70 y 80, con el despertar del turismo. "La gente se tuvo que ir porque la situación no era favorable", haciendo hincapié en estas palabras, "por motivos de sobra conocidos, porque tenían que trabajar al servicio de otra persona. La gente tenía ganadería y cultivaba, pero no tenía que comer", señala la presidenta del colectivo.
Ilustra esta afirmación un extracto del 'Litigio sobre la Dehesa de Jandía 1500-1815', que recoge una queja del alcalde de Morro Jable en 1960 al establecer a los medianeros el cobro de 8,32 pesetas por el metro cúbico de agua, cuando siempre antes había sido gratuita. Consideran los autores que era una situación de semiesclavitud la que vivían los vecinos de la finca bajo propiedad de los Winter, en las décadas de los años 50, 60 y 70, y que el control férreo del arrendatario, a partir de 1949, "fue determinante para que los habitantes de Cofete se viesen obligados a emigrar", hasta el punto de que "no nos parece descabellada la idea de atribuirle la condición de último señor territorial de Fuerteventura".
Sobre la etapa y las causas que dieron lugar al despoblamiento de Cofete, no quiere entrar como representante del colectivo, porque "es un tema muy delicado, y hay muchos intereses". Pero sí da su opinión personal, que le llega por sus padres y abuelos. Evita nombrar la palabra "dictadura", pero sí cree que sería "algo parecido". Y para ilustrarlo se pregunta: "¿Por qué llegó a haber en Cofete en los años 40 dos parejas de parejas de la Guardia Civil…? La gente se marchó a Morro Jable".