La víctima de acoso sexual Yaiza Sotorrío denuncia "abandono institucional, social y en la prensa" durante dos años

Dos años después de que la víctima de acoso sexual en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Yaiza Sotorrío, asesora contratada por el cupo del partido del concejal condenado, José Juan Herrera Martel (AEPR), denunciara los hechos, continúan sucediéndose reacciones al dictamen de la justicia.

Yaiza Sotorrío se pronunció por primera vez tras la sentencia en declaraciones al Espejo Canario, denunciando "el abandono institucional, social y en la prensa", y que no se le dio credibilidad "porque había un tema político". Las campañas en defensa de la mujer "están muy bien, pero la realidad es muy distinta". Reconoce que "cuando puse la querella, recibí llamadas de María del Río (diputada de Podemos Lanzarote) y del Instituto Canario de Igualdad". Aunque entonces sí "solicitaron que fuera apartado de sus áreas", luego "no hubo nada más durante dos años".

La sentencia por acoso sexual continuado que condenó a José Juan Herrera Martel se hacía pública a mediodía de este lunes, 4 de julio, y esa tarde pedían su cese o dimisión dos grupos de la oposición, Partido Popular y Coalición Canaria. El martes, el alcalde Juan Jiménez comparecía en solitario para anunciar el cese de Herrera en sus funciones, anunciando también ese día el actual partido del condenado (PxF) que recurrirá la sentencia y un "nuevo escenario político" tras su salida, además de denunciar "indefensión".

Y en la tarde del miércoles 6 de julio, se pronunciaba una de las fuerzas políticas que acompañan al alcalde Juan Jiménez (PSOE), Podemos, Ciudadanos y Nueva Canarias. Dos días después de la sentencia, Podemos Fuerteventura exige que Herrera Martel entregue su acta como concejal, y en el comunicado remitido a los medios remarca que "su cese en el gobierno del municipio es una primera medida necesaria, pero es totalmente insuficiente".

Añaden que "nos encontramos ante una situación de una gravedad extrema. Un agresor machista ha utilizado de forma perversa el poder conferido por la Administración pública para acosar y humillar a una trabajadora del gobierno municipal. La salida de este sujeto del Pleno del Ayuntamiento de Puerto del Rosario es una cuestión de salud pública".

Además de esperar que Herrera haga entrega de su acta de concejal y abandone la corporación, la formación morada señaló "la necesidad de proteger las instituciones de quienes ensucian su nombre con comportamientos que no tienen cabida en democracia. El machismo es una lacra que requiere un compromiso unánime y rotundo por parte de las administraciones, y eso significa que un acosador sexual no puede permanecer ni un minuto más ocupando un cargo público".

Entre las críticas de la oposición esta semana, CC llamaba la atención sobre el hecho de que, "durante todo el proceso, las formaciones que conforman el grupo de gobierno han venido haciendo declaraciones desafortunadas, como por ejemplo Ciudadanos, que a través de su concejala justificaba mediante declaraciones en medios de comunicación que esta denuncia surgía por presiones mediáticas con el fin de enredar el panorama político, o Podemos, que afirmaba que la denunciante realmente había sido despedida sólo por una pérdida de confianza y nada más lejos de la realidad"

La Junta de Gobierno municipal acordó cesar a Herrera Martel de sus funciones como concejal delegado de Comercio, Consumo, Obras, Servicios y Cementerios, competencias que revierten y asume temporalmente al alcalde.

La sentencia acreditó un delito continuado de acoso sexual, imponiendo al aún concejal José Juan Herrera Martel una condena de 4 meses de prisión, e inhabilitación para el ejercicio del sufragio pasivo durante este tiempo, además del pago de una indemnización de 3.000 euros a la víctima.

Cuestionado sobre la ejecución del apartado de inhabilitación durante cuatro meses, el alcalde Juan Jiménez informó en su comparecencia que el condenado la podría cumplir cuando estime oportuno, o en su caso recurrirla a la Audiencia Provincial de Las Palmas, tal y como ocurrió, de modo que el concejal condenado podría conservar su acta hasta las elecciones de mayo de 2023.