Fuerteventura cumple 20 años sin aprobar un Plan de Ordenación
Durante las últimas semanas, se han escenificado las diferencias entre los grupos políticos del Cabildo en torno a la elaboración del PIOF. La encomienda para la redacción del documento a la empresa pública Gesplan ha encontrado una oposición frontal de la oposición en el Cabildo, y ha dado lugar a la presentación de dos recursos de reposición
El pasado 30 de enero, el arquitecto y activista Luis del Pozo presentó recurso de reposición contra el trámite aprobado desde el Cabildo de Fuerteventura para encomendar a la empresa pública Gesplan, por un importe de 3,1 millones de euros, la elaboración del Plan Insular de Ordenación y de los Recursos Naturales de Fuerteventura (PIOF-PORN), dentro de un paquete de 14 ordenanzas y documentos de planeamiento de espacios protegidos para la isla. De igual manera, la consejera insular y diputada regional Sandra Domínguez anunció también la presentación de otro recurso de este tipo.
Exactamente un mes antes, el 30 de diciembre, el Consejo del Gobierno de la institución insular, órgano ejecutivo en el que están representados los tres partidos que conforman el Gobierno actual, Coalición Canaria, Partido Popular y Asambleas Municipales de Fuerteventura, había aprobado esta propuesta. Según informó entonces la institución en un comunicado, serían tres los pilares que sustentan el documento, "la sostenibilidad, el equilibrio y la diversificación". Sostenibilidad, "porque debe de ser respetuoso y comprometido con el medio ambiente", equilibrado, "porque debe de recoger un modelo territorial que dé respuesta a la realidad de Fuerteventura para que todos los ayuntamientos de la isla tengan las mismas oportunidades de desarrollo", y diversificado, "porque además de consolidar algunos aspectos turísticos, se debe de aportar por aquellos elementos que diversifique nuestra economía".
Este paso significa el último intento por actualizar su principal instrumento de ordenación, dado que el último Plan Insular aprobado data del año 2001, hace más de veinte años. Luis del Pozo explicó la importancia de contar con este tipo de documentos en una entrevista en Cope Fuerteventura al día siguiente de presentar el recurso: "Son 21 años sin modificar el plan insular. Es el documento que ordena, regula y planifica todo el suelo que no es urbano en la isla. No es una ordenación urbanística, sino de protección y de usos de suelo, que ordena los recursos naturales, y todas las actividades que se desarrollan en el territorio, sector primario, transportes, infraestructuras sanitarias... Tiene que ser además un documento dinámico, para prever las necesidades futuras. Es la carta magna de todas las personas que viven en Fuerteventura".
El documento que más cerca estuvo de aprobarse fue el de la legislatura 2011-2015, siendo presidente Mario Cabrera y consejera de Ordenación Ornella Chacón, arquitecta de profesión, y quien dedicó exclusivamente esos cuatro años a sacar adelante el documento. Llegó a estar aprobado provisionalmente, y el pleno del Cabildo votó a favor el documento final, pero la aprobación definitiva no llegó a ver la luz por cuestiones relacionadas con los plazos de publicación.
Reeditado el pacto entre nacionalistas y socialistas en la siguiente legislatura, 2015-2019, con Marcial Morales como presidente y Blas Acosta como consejero del área, y ante la entrada en vigor de la Ley del Suelo en Canarias que hacía necesaria la actualización del documento, el Cabildo llegó a publicar el texto consolidado de la normativa vigente, pero no hubo acuerdo suficiente para actualizar el documento.
Por último, en la presente legislatura, a tenor de una situación política convulsa, en que la presidencia del Cabildo ha cambiado de manos en varias ocasiones, no ha habido avances hasta la mencionada encomienda a GESPLAN para redactar el PIOF, lo que a su vez ha puesto de manifiesto una vez más el desacuerdo político entre los representantes majoreros.
Oposición y recurso a la encomienda para redactar el PIOF
El recurso presentado por el arquitecto Luis del Pozo considera "del todo inadmisible e improcedente" la encomienda de gestión a GESPLAN para la redacción del PIOF, "que se impugna por ser contraria" a ese mismo acuerdo, haciendo alusión al dictamen que figura en el expediente que habilita el trámite, elaborado por el Grupo de Investigación de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna y suscrito por Don Francisco José Villar Rojas".
La consejera insular y diputada, Sandra Domínguez, ha anunciado también la presentación de otro recurso por su parte en este mismo sentido, además de una recusación dirigida a Sergio Lloret, al entender que participó como técnico en la elaboración del expediente en un paso anterior.
Villar Rojas, considerado un experto en la materia al encontrarse entre los autores de la actual Ley del Suelo, expone en su dictamen que "el procedimiento debe retrotraerse a la fase de aprobación inicial -es decir, al avance aprobado en 2015-, con apertura de nuevo trámite de información pública y de consulta a las administraciones afectadas".
Así lo plantea del Pozo, como el grupo del Partido Socialista en el Cabildo, que también ha expuesto su oposición al documento, y también la consejera Sandra Domínguez. Entienden que iniciar el PIOF desde el principio supone un gasto excesivo, al tiempo que plantean alternativas desde la oposición, como elaborar el documento con recursos propios, o sacar a licitación pública su redacción para evitar lo que consideran una encomienda injusta, al encargarse directamente a Gesplan, sin dar opción a otras empresas a participar.
Desde el actual grupo de Gobierno en el Cabildo, consideran que el expediente cuenta con todos los informes técnicos favorables, y que sí es posible la fórmula de la encomienda directa, al ser Gesplan una empresa pública, dependiente del Gobierno de Canarias, y por lo tanto un recurso propio de la administración.
De cualquier modo, todas estas consideraciones son cuestiones de procedimiento. En cuanto al fondo del documento, queda lejos todavía el debate político y de participación pública para definir la planificación territorial de Fuerteventura. CRÓNICAS DE FUERTEVENTURA continuará ampliando la información en torno a la elaboración del Plan Insular de ordenación.
Un paquete de 14 documentos con posibles consecuencias
Además del PIOF, la encomienda del Cabildo a Gesplan incluye un total de 14 documentos de ordenación a elaborar, entre ellos la Ordenanza de Energías Alternativas, por la cual se homogeneizarán los criterios de uso de suelo rústico en relación con la instalación de infraestructuras energéticas, como pueden ser la implantación de parques eólicos, plantas fotovoltaicas y termosolares en la isla de Fuerteventura, así como también se realizará la Ordenanza para Acampadas y Campings.
Del mismo modo, se encargan las modificaciones menores en los Planes y Normas de Espacios Naturales Protegidos y de la Red Natura 2000. Estos son los Monumentos Naturales de la Montaña de Tindaya y Cuchillos de Vigán, el sitio de Interés Científico de la Playa del Matorral, los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y Plan Rector de Uso de la Gestión de los Parques Naturales (PORN-PRUG) del Islote de Lobos, Jandía, Corralejo y Betancuria, y la elaboración de cuatro planes para la gestión de las diferentes Zonas Especiales de Protección de Aves (ZEPA), como son la costa norte de Fuerteventura; Vallebrón, Valles de Fimapaire y Fenimoy; los Llanos y Cuchillos de Antigua; y Lajares, Esquinzo y Costa Jarubio.
Con respecto al Plan Sectorial Especial relativo a las energías renovables, Luis del Pozo considera que el acuerdo adoptado por el Cabildo "llevaba aparejado la suspensión cautelar de licencias, va a traer muchos y muy graves problemas, puesto que la competencia para la concesión de licencias en este tipo de expedientes la tiene el Gobierno de Canarias y no el Cabildo insular, que no puede acordar ningún tipo de suspensión en este sentido".
"Cuando nosotros planteamos el tema en un principio, requerimos como una cuestión de urgente necesidad el consenso de todas las fuerzas políticas existentes en la isla", algo que, entiende, no ha ocurrido.
Por lo tanto, señala del Pozo, y en relación al recurso presentado, "aceptar los planteamientos de este recurso podría evitar el tener que pagar indemnizaciones a los afectados, y la fórmula planteada sería solicitar informe al Consejo Consultivo de Canarias para aclarar la duda jurídica, en caso de que el acuerdo sea dictaminado como no ajustado a derecho. El propio Cabildo insular podría revisar de oficio el acuerdo y subsanar la situación antes de que venga la lluvia de reclamaciones por la vía contencioso administrativa".
Del Pozo Advierte que el tema está ya en sede judicial, y cabe la posibilidad de que ello suponga "un auténtico batacazo contra el Cabildo Insular, y probablemente serán indemnizaciones multimillonarias. Creo que aún hay tiempo para ello si se actúa con rapidez".
La entrevista a Luis del Pozo, con las intervenciones telefónicas de las consejeras Sandra Domínguez y María Jesús de la Cruz, se encuentra disponible al completo en las redes sociales de Cope Fuerteventura, a través del siguiente enlace: