El Ayuntamiento de Pájara compra la Finca de Ajuy por 1,8 millones de euros, pese a los informes desfavorables de los funcionarios

El secretario del Ayuntamiento de Pájara, Juan Manuel Juncal Garrido, ha informado desfavorablemente sobre la compra de la Finca de Ajuy, aprobada por la institución el pasado 29 de julio. La adquisición supondrá un desembolso de 1,8 millones de euros para las arcas municipales, y de este montante, 1,2 millones los percibirá la entidad propietaria mayoritaria, Parque Natural de Ajuy SL, y más de 600.000 serán para el Banco Santander, la cual se conforma con esa cuantía tras condonar una deuda de 1,5 millones a la primera.

El Partido Socialista en Fuerteventura ha levantado la voz, remitiendo un comunicado a los medios de comunicación que califica la compra de "cacicada grosera" del alcalde de Pájara, Pedro Armas, y adjuntando los documentos municipales que evidenciarían las anomalías de esta operación llevada a cabo con informes técnicos desfavorables de la Secretaría General y del Departamento de Patrimonio.

En opinión de esta formación, el alcalde de Pájara, Pedro Armas, "atraca" las arcas municipales, al comprar "por el triple de su valor" la finca de Ajuy, "sin contar con el informe técnico preceptivo y a pesar de las muy serias dudas expresadas por el propio secretario de la Corporación respecto al fondo y las formas de la operación".

En la documentación aportada, consta que el secretario municipal había informado que "no procedía la aprobación del expediente", y señala que este fue "evacuado" por encargo de la Alcaldía-Presidencia a los responsables del contrato de asistencia jurídica adjudicado a la UTE Abogados Travieso, Gutiérrez y Cabrera, quienes concluyen que "se puede proceder a aprobar el expediente de contratación por la adquisición directa de la Finca de Ajuy, por el importe de 1.862.691 euros".  

Cabe recordar que este contrato de asistencia jurídica ya fue objeto de críticas desde la oposición, tras haberse adjudicado por 628.000 euros a la UTE que integran Manuel Travieso, concejal en Puerto del Rosario que se ha reincorporado al partido que preside el alcalde, AMF, y la actual concejala de Contratación y Disciplina en el Ayuntamiento de La Oliva, Mari Carmen Cabrera.

El informe del secretario municipal, máxima autoridad jurídica en el Ayuntamiento de Pájara, recoge literalmente que el procedimiento "carece de causa para su continuación", por prescindir "del instrumento de aprobación del planeamiento urbanístico para justificar una adquisición directa". Y añade que ello significa "incurrir en una causa de nulidad de pleno derecho", "por prescindir total y absolutamente del procedimiento legal establecido".

En este caso, añade el informe, la figura propia y adecuada sería el "oportuno procedimiento de participación pública y evaluación ambiental que implica el planeamiento urbanístico", y destaca también  que desde el punto de vista presupuestario, "el expediente no se sometió a la fiscalización previa de la intervención municipal".

El secretario municipal enumera una serie de condiciones que cuestionan el procedimiento, como que "los estatutos sociales de la sociedad propietaria no están actualizados y que los presentados no son los vigentes". En cuanto al tercer actor en el proceso, un propietario particular poseedor del 1% de la finca, "falta el documento de identidad del interesado".

La información registral de la finca recoge que esta se encuentra gravada con dos hipotecas, y en el documento de liberación de cargas del Banco Santander presentado por la empresa, señala el secretario, comprometiéndose al levantamiento de esas cargas, "está firmado manuscritamente sin conocerse la identidad del firmante". La documentación aportada por la empresa recoge un borrador del acuerdo de quita, en relación a la deuda de la misma con el banco de 2.224.361 euros, de la que se condona la cantidad de 1.590.363 euros, "a cambio de la entrega líquida de 633.363 euros".

El secretario destaca que "no se alcanza a comprender el motivo" por el cual el acreedor, "una entidad bancaria, nada menos", renuncia al cobro de la deuda íntegra, y "se conforma con el abono inmediato de 633.363 euros", siendo la quita de 1,5 millones de euros "una cantidad excesiva para descontarla".

También destaca que existe en el Registro de la Propiedad otro procedimiento de ejecución hipotecaria con sentencia en primera instancia dictada en 2016, la cual "a fecha actual no consta que se haya ejecutado la misma".

Asimismo, la entidad interesada, "no se encuentra al corriente de sus deudas tributarias con el Ayuntamiento", adeudando la cantidad de 8.548 euros a la institución, según el informe del Recaudador Municipal.

El funcionario señala, en cuanto a la tasación de la finca que su precio "ofrece muy serias dudas", pues "no consta estudio de mercado en el expediente", ni tampoco "licitación  alguna que determine el precio". De hecho, el informe del técnico municipal del área de Patrimonio, emite también informe desfavorable, no preceptivo, indicando que el expediente "carece de los requisitos esenciales", que el "informe de tasación no se encuentra definido", y que "no incluye el estudio de mercado" que exige el procedimiento. La tasación que obra en el expediente, fechada en febrero de este año, informa el secretario, fue realizado por una entidad que no está "legalmente habilitada".

El informe desfavorable del secretario fue firmado el pasado 16 de junio, y la firma de la orden de pago tuvo lugar este viernes 29 de julio. El PSOE, que remitió su comunicado el sábado, señaló que la noticia ha sido conocida "después de que ayer viernes Pedro Armas firmara el acuerdo de adquisición de la finca y ordenara inmediatamente la emisión de los cheques de pago, todo en el mismo día, ¡un viernes!, sin dejar plazo de tiempo para detener la operación".

No obstante, no consta en la información remitida desde el PSOE las subsanaciones que pudiera haber llevado a cabo la empresa de asistencia jurídica, y que pudieran haber sido añadidas al expediente durante el mes y medio transcurrido entre el informe del secretario y la orden de pago.

Desde el PSOE, trasladan, "exigimos una revisión de oficio de toda la operación y que intervenga la Fiscalía, aunque solo sea por la sospechosa forma de proceder, y que si se demuestran responsabilidades se asuman sin contemplaciones. Si finalmente se consuma esta operación una importante cantidad de dinero público va a beneficiar tan solo a una sociedad privada y a los acreedores de esta, propietarios de los más de medio millón de metros cuadrados de suelo rústico protegido, sin transparencia ninguna y en contra del parecer de los técnicos municipales y del propio secretario de la Corporación", añade el partido desde la oposición.