Podemos insiste en que la UE y el Estado español no deben aceptar "el continuo chantaje de Marruecos" en materia migratoria
El Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias ha expresado este martes al presidente del Gobierno del Pacto, el socialista Ángel Víctor Torres, “todo nuestro apoyo” a la hora de “exigir en resolver de manera urgente la crisis migratoria” que viven las Islas y que tiene en el muelle de Arguineguín su máximo exponente.
“Con este Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos tenemos que ser aún más exigentes en asuntos relacionados con de Derechos Humanos. Nosotras, desde Sí Podemos Canarias, lo estamos siendo, y nos consta que usted también”, ha afirmado el portavoz, Manuel Marrero, durante la sesión de control celebrada en el Parlamento.
Según la información aportada a Crónicas, Marrero ha insistido en que “nadie puede esconder la cabeza bajo el ala, y corresponde a la UE y al Gobierno del Estado ponerle solución”.
“Arguineguín es un símbolo de la llegada de migrantes del continente africano forzados a buscar un mundo mejor ante los desequilibrios sociales, económicos, demográficos, climáticos o políticos en los países de origen, y tanto la UE como el Estado español tienen la obligación legal y moral de compatibilizar el control de fronteras con el respeto a los Derechos Humanos y no aceptar el continuo chantaje de Marruecos”, ha insistido.
El portavoz parlamentario ha recordado que en 2006 se hicieron derivaciones, repatriaciones y se aceptaron asilos porque “hubo una política de cooperación integral, una respuesta multilateral” que ahora no se está produciendo, llegándose a acuerdos con Marruecos, Cabo Verde, Mauritania, Senegal, Mali, Gambia, Guinea Bisau, Guinea Conakry y Níger..
“Hay que asumir responsabilidades, negociar con firmeza acuerdos de cooperación, dotados económicamente y mantenidos en el tiempo, con los países de los cuales provienen los migrantes y, por supuesto, tener centros de acogida dignos para los inmigrantes”, ha dicho al presidente Torres.
Para concluir, ha exigido al Estado “solidaridad”, permitiendo las derivaciones a la Península tanto de personas adultas como de menores no acompañados”, pues solo así se “acallarán las declaraciones y manifestaciones que alientan actitudes racistas, xenófobas y populistas” contra quienes “se arriesgan a morir en la travesía más peligrosa que existe solo por el sueño de poder tener un proyecto de vida” lejos de sus países.