NC exige que se extremen los controles de las PCR a todos los visitantes en las islas tras la nueva cepa del Reino Unido
El portavoz parlamentario y Coordinador Territorial de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, reclamó al Consejo de Ministros de este martes, presidido por Pedro Sánchez, que apruebe la transferencia directa de renta a los sectores productivos vinculados con el sector turístico de Canarias, ahora más castigado en Tenerife por las nuevas medidas restrictivas puestas en marcha para controlar la expansión del coronavirus. Campos dijo que este nuevo esfuerzo de la Administración del Estado debe ser ”complementario” a las medidas de rescate en vigor desde el pasado mes de marzo como los ERTE y los avales ICO y sus nuevas prórrogas, así como el nuevo plan de choque para la hostelería y el comercio que prevé una rebaja del 50% del alquiler en los locales que pertenezcan a los grandes propietarios. El dirigente de los nacionalistas progresistas sostuvo además que el Ejecutivo estatal debe extremar, en los aeropuertos gestionados por AENA y en los puertos del Archipiélago, los controles de las pruebas diagnósticas PCR a “todos” los visitantes ante la aparición de la nueva cepa del coronavirus en el Reino Unido.
El plan de choque para la hostelería y el comercio, cuya aprobación está prevista para mañana y que contempla una disminución del 50% del alquiler de los locales de los grandes propietarios así como otros incentivos fiscales para quienes no sean grandes tenedores a cambio de rebajar el alquiler de sus locales, según Luis Campos, son “interesantes pero insuficientes” para los sectores productivos canarios que directa e indirectamente dependen del turismo, el motor económico de las islas y el sector más castigado de todo el Estado por la pandemia.
Nueva Canarias cree que el Gobierno estatal está obligado a hacer “otro esfuerzo” con la comunidad canaria y, “con mayor intensidad en estos momentos”, con Tenerife. Campos reclamó medidas “complementarias” a las del rescate puesto en marcha desde el pasado mes de marzo. Propuso que el gabinete de Pedro Sánchez apruebe transferencias de renta directas para hacer frente a gastos fijos, que “vayan más allá” de los alquileres.
Los autónomos y las pequeñas y medianas empresas, en mayor medida, tienen “agotada ya la caja de resistencia” después de nueve meses de interrupción total de la actividad, de retomar la misma cuando los niveles de la pandemia así lo aconsejaron y de volver a poner el “cartel de cerrado o trabajar al mínimo” cuando el aumento de los contagios ha puesto en peligro la salud de los ciudadanos.
La cambiante evolución de la pandemia exige un “nuevo esfuerzo” de la administración estatal, demandó el dirigente nacionalista. Las transferencias directas de renta, para NC, son un instrumento “útil aunque no solucionen todos los problemas”, según la nota enviada a Crónicas.
Esta iniciativa, añadió Luis Campos, debe convivir con una nueva ampliación de los expedientes de regulación temporales de empleo (ERTE) por fuerza mayor más allá del próximo 31 de enero y de la concesión de los avales ICO vigente hasta junio del próximo año. Insistió en la importancia de que el Gobierno estatal, los sindicatos y los empresarios vuelvan cuanto antes a la mesa de negociación sin esperar hasta el último minuto. La economía y el empleo exigen “certezas”, subrayó. En Canarias, según los datos del pasado mes de noviembre, 268.319 personas carecen de un trabajo y otras 83.951 están sujetas a un ERTE.
Extremar las medidas de seguridad y control en los aeropuertos y puertos canarios es lo que, en opinión de NC, debe también hacer el gabinete de Sánchez tras decidir mantener abierto el espacio aéreo con el Reino Unido a pesar de haberse detectado una nueva cepa del Covid, que ya se ha extendido a otros países europeos.
Luis Campos criticó que los controles de las PCR se hagan de forma aleatoria. Ante la “intransigencia” de autorizar los test de antígenos con las PCR, “lo que es incomprensible es que los controles sean aleatorios”, denunció. Para Nueva Canarias, “no es razonable” que la Administración estatal se muestre “incapaz” de exigir a AENA más efectivos y que los propios responsables estatales activen a las personas o miembros de la seguridad del Estado para que el control “se extienda a todos los visitantes”.