El Gobierno aprueba la ayuda extra a los trabajadores en ERTE

El Consejo de Gobierno aprobó este lunes tras una reunión extraordinaria en la sede de Presidencia en Santa Cruz de Tenerife el complemento a los trabajadores canarios que hayan estado o permanezcan en Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por la pandemia de la COVID-19 desde marzo de 2020 y que además no hayan percibido cantidades mensuales superiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado en 950 euros brutos al mes. Para este suplemento, que se aportará en un pago único y que beneficiará a 51.000 familias, el Ejecutivo regional recurrirá a 30 millones de euros provenientes de los fondos REACT-UE, según ha explicado el Ejecutivo posteriormente en nota de prensa.

Antes, el portavoz del Gobierno, Julio Pérez, y la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, presentaron esta tarde el acuerdo y destacaron la apuesta social que representa una medida de ese tipo para los trabajadores por cuenta ajena con menos ingresos y sus familias. De esos más de 51.000 beneficiarios, unos 13.000 percibirán la cuantía mayor (1.100 euros) por cobrar un máximo de 395,5 euros al mes.

La propuesta, elevada al Gobierno por la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, y que ha sido consensuada con las organizaciones sindicales más representativas, contempla que estas subvenciones sean tramitadas de oficio, con lo que no será necesaria la presentación de solicitud ni documentación por parte de las personas beneficiarias. El Servicio Canario de Empleo (SCE), organismo encargado de la gestión, obtendrá los datos necesarios del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y, una vez recabada la información sobre las personas que cumplen los requisitos, resolverá la concesión de la ayuda.

La cuantía de las subvenciones se abonará en un único pago, que será mayor cuanto menor sea la prestación contributiva. De este modo, se han fijado tres tramos: ayuda de 1.100 euros (unas 13.000 personas) para prestaciones por debajo de los 395,5 euros mensuales; de 550 para aquellas entre los 395,5 y los 560 euros al mes (unas 20.000 personas), y de 300 euros para las prestaciones superiores a 560 euros mensuales (unos 18.600 beneficiarios). Las de menor cuantía serán las primeras que se vayan abonando.

El objetivo de esta medida pasa por reducir el impacto económico en los trabajadores y trabajadoras con prestaciones por desempleo más bajas debido a ERTE y que han visto sus contratos suspendidos temporalmente a causa de la COVID-19, con lo que se contribuye al mantenimiento y protección del empleo, así como los derechos de las personas trabajadoras.

La consejera también destacó el hecho de que, de los 84 millones de euros en ayudas de la Comunidad para autónomos y pymes en las dos líneas abiertas, ya se han entregado a través de las Cámaras de Comercio de las Islas un total de 75 millones a unas 11.000 empresas, en algo más de tres meses.

Asimismo, la consejera subrayó la cifra de 3.708 empresas o autónomos que han solicitado ya acogerse a las ayudas por valor total de 1.144 millones aportados por España a Canarias a través de los fondos europeos de recuperación.

El decreto ley de la tele

El Consejo de Gobierno de hoy también aprobó el Decreto Ley de medidas extraordinarias sobre la Radio Televisión Autonómica (RTVC) y sus programas informativos hasta la aprobación del mandato marco por el Parlamento de Canarias. El decreto ley surge tras una propuesta de las consejerías de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, y de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

Este decreto ley prolonga las medidas adoptadas en 2018 y 2020 para resolver la situación del ente RTVC a la espera de que la Cámara decida el sistema de gestión y los órganos definitivos de dirección. Se trata de una norma de aplicación hasta la decisión futura que adopte el Parlamento. El citado decreto vuelve a permitir que el administrador haga uso de los medios técnicos que se han utilizado hasta ahora y además lo obliga a convocar un nuevo concurso para ese suministro con carácter abierto.

Sobre el personal del ente, se permite que el administrador único pueda negociar un convenio colectivo.