Fuerteventura contará con 298 viviendas en régimen de alquiler social
El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha iniciado esta semana en el Parlamento regional el trámite que va a permitir poner en marcha en el mes de septiembre el nuevo Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, un ambicioso Plan que se promueve con el objetivo de combatir la emergencia habitacional que sufre el Archipiélago e impulsar la reactivación económica de Canarias. “Acudimos a este parlamento con un Plan de vivienda dotado de 664 millones con más de 5.900 nuevas viviendas protegidas, 10.200 acciones en rehabilitación y ayudas al alquiler a cerca de 72.000 beneficiarios”, explicó Franquis.
Este Plan prevé acometer en los próximos seis años un total de 88.195 actuaciones de fomento de la vivienda en todas las islas, tanto en construcción de nuevas viviendas protegidas, como en rehabilitación o en ayudas al alquiler a familias con pocos recursos.
El consejero Franquis presentó hoy el nuevo Plan a los diputados que forman parte de la comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Parlamento regional tras entregarlo a la Presidencia de la cámara para su tramitación la semana pasada. A la finalización de esta comisión, la presidenta de la misma, la diputada Nira Fierro, procederá a designar una Ponencia entre los mismos diputados para que redacte un informe sobre el mismo.
La tarea de este nuevo Plan de Vivienda es promover el crecimiento del parque público de viviendas en alquiler en el Archipiélago, con la finalidad de garantizar una vivienda digna y atender las necesidades de los colectivos más sensibles y vulnerables, aseguró Franquis. “Vamos a dar un enorme impulso a la construcción de viviendas para el alquiler porque estamos convencidos de que la mejor política para controlar los precios del alquiler es aumentar el parque de vivienda en las islas, y para eso es necesario un plan ambicioso y coherente como el que presentamos hoy aquí”.
En este sentido, el concejal anunció también que su Consejería creará una oficina técnica para evaluar la implementación del Plan como programa estratégico de políticas públicas en materia de vivienda en la Comunidad Autónoma de Canarias, con personal público para coordinar la gestión, ejecución y seguimiento del Plan.
El Plan presentado hoy, aseveró Franquis, recoge los objetivos fundamentales del Pacto por la Vivienda Digna en Canarias, impulsado por el consejero y suscrito por más de 30 colectivos sociales, empresariales, profesionales, institucionales y partidos políticos de las Islas el pasado mes de marzo. Antes de llegar a ese día, el consejero trazó el itinerario que ha seguido este Plan de Vivienda hasta llegar a la comisión celebrada hoy. Franquis recordó que el documento empezó a realizarse en abril de 2018 por el anterior Gobierno regional, que un año después presentó ya como proyecto al Consejo Económico y Social. Este organismo, sin embargo, tachó ese proyecto del mandato anterior de “poco riguroso” y falto de objetivos concretos, por lo que el consejero Franquis, con el nuevo Gobierno ya instalado, promovió la realización de un gran Pacto por la Vivienda Digna que incluyera a toda la sociedad de las Islas implicada en los asuntos de vivienda. Ese pacto, que finalmente se suscribió el 12 de marzo de este mismo año, sirvió para impulsar la redacción de un proyecto nuevo de Plan de Viviendas es que el que ahora se debate en el Parlamento regional.
El consejero aseguró ante los diputados que forman parte de la comisión, que el Plan de Vivienda cumple con una doble función: la social, al dar respuesta a la emergencia sanitaria del Archipiélago; y una importante función económica, ya que la inversión prevista servirá para estimular a varios sectores productivos de la comunidad autónoma y además contribuye decididamente a la reactivación económica y social que promueve el Gobierno canario para superar la crisis generada por la alerta sanitaria del COVID-19. En este sentido, explicó, el Plan de Vivienda supondrá un importante estímulo principalmente para el sector de la construcción, uno de los motores de la reactivación económica y social que promueve el Ejecutivo, ya que se calcula que con todas las viviendas de nueva construcción que se van a edificar con cargo al Plan se van a crear en el Archipiélago más de 28.000 empleos directos e indirectos relacionados con este sector.
El Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 prevé en el horizonte del mismo incrementar el parque de viviendas protegidas del Archipiélago en 5.971 viviendas durante sus seis años de vigencia. Con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma el Plan recoge la construcción de 3.634 nuevas viviendas protegidas en esos seis años, el 63,70% en régimen de alquiler público (2.315 viviendas), y el 36,30% en régimen de alquiler privado (1.319 viviendas).
Por otro lado, y con el fin de incrementar el parque de alquiler protegido de la Comunidad Autónoma de Canarias, el Plan Vivienda cifra en 2.337 el número de viviendas obtenidas a través de los diferentes programas. En concreto, con cargo al Plan 20.000 del Estado, se construirán 894 nuevas viviendas en Canarias, y con el Programa al fomento de la promoción de VPO de promoción privada en régimen de arrendamiento otras 450 nuevas viviendas. Asimismo, con el Programa de Viviendas Vacías se pretende alcanzar la cifra de otras 600 viviendas, en este caso ya construidas, en el horizonte del Plan.
Las viviendas de nueva construcción en régimen de alquiler promovidas tanto por el ICAVI, como por VISOCAN como por el Plan 20.000 se repartirán territorialmente de la siguiente forma: 1.735 viviendas en la isla de Gran Canaria; 1.440 en la isla de Tenerife; 622, en Lanzarote; 298, en Fuerteventura; 157, en La Palma, 68, en La Gomera; y 58, en El Hierro. Además, se reserva una bolsa de 150 viviendas más para aquellos municipios que aún no han concluido sus procesos internos para ceder el suelo al Gobierno canario para la construcción de las viviendas protegidas.
El consejero Franquis también especificó que esta territorialización busca dar respuesta a las mayores bolsas de demandantes de vivienda de las Islas, principalmente localizados en los grandes núcleos urbanos. De esta forma, las cuatro grandes ciudades de Canarias, las de más de 1000.000 habitantes, concentran el 51% de los demandantes de vivienda de las islas, por eso en estas ciudades se levantará el 44% de las nuevas casas previstas en el Plan. En las poblaciones de entre 20.000 y 100.000 habitantes, que concentran el 39% de los solicitantes, se construirá otro 44% de nuevas viviendas. Y por último, en los municipios de menos de 20.000 habitantes, con un 10% del total de solicitantes, se construirá el 12% restante de las nuevas viviendas.
La empresa pública VISOCAN comenzará la construcción de las primeras 180 viviendas del Plan a finales de este mismo año para los que ya hay consignados 84 millones en el presupuesto del Plan para este 2020.
Sebastián Franquis afirmó también que este Plan va a implicar de forma activa a las empresas del sector con la finalidad de aumentar el parque de viviendas y dar respuesta ala emergencia habitacional que sufre el Archipiélago. “En la situación actual la colaboración público-privada, más que necesaria, es esencial, de ahí que ofreceremos seguridad jurídica para que el sector se implique con garantías”, añadió.
Además, el Plan contempla otras actuaciones novedosas en el Archipiélago, como la cesión de 50 viviendas en régimen de cooperativa de cesión de uso o cohousing, también se van a adquirir 343 viviendas destinadas al programa Canarias Prohogar y otras 45 en ayuda a la autoconstrucción.
En el apartado de rehabilitación se establece como objetivo el apoyo a actuaciones que beneficiarían a 10.227 viviendas en todo el Archipiélago a través de los diferentes programas existentes ya sea en entornos urbanos como rurales. Dentro de estas actuaciones se incluyen programas como el de las áreas de renovación y regeneración (ARRU) que se van a continuar o iniciar en las islas en los próximos seis años.
En el ámbito rural, el Plan confiere un tratamiento especial a los municipios de menos de 20.000 habitantes en los que se prevé la construcción de 614 nuevas viviendas para combatir la despoblación.
También adquieren una importancia fundamental dentro del Plan los diferentes programas de ayudas al alquiler de vivienda que se pondrán en marcha en los próximos seis años para ayudar a los hogares con menos recursos y con los que se pretende llegar a los 71.984 beneficiarios.
La ficha financiera del Plan de Vivienda recoge una primera partida de 84 millones de euros a invertir este mismo año, al que seguirán 110 millones en el año 2021, otros 110 millones en el año 2022 y desde 2023 y hasta 2025, 120 millones cada año hasta sumar los 664 millones del total.
Fuerteventura, primera en 'liberar' viviendas vacías
Fuerteventura será la primera isla que tome la iniciativa para poner en circulación las 1.700 viviendas vacías que tiene la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) en tierras majoreras. El Cabildo llevará la creación de un Consorcio de Vivienda Vacía al Consejo de Gobierno que celebrará el próximo día 20, tal y como anunció su presidente, Blas Acosta, antes de la reunión que el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno autonómico, Sebastián Franquis, celebró esta misma semana con representantes de los siete cabildos, a quienes solicitó «suelo e inversión» para construir más casas de titularidad pública.
Al crear este órgano, la corporación majorera se hará con competencias en materia urbanística y municipal, por lo que podrá coordinar con los consistorios tanto la cesión de suelo como el ‘rescate’ de las casas vacías para destinarlas a alquileres asequibles. La mayor parte de éstas se encuentran en Puerto del Rosario, que junto con Pájara y La Oliva -que ya cedió terreno para viviendas de protección oficial (VPO) en la legislatura anterior- son los municipios que disponen de suelo. Sin embargo, los dos últimos tendrán que lidiar con un importante obstáculo ya que carecen de planeamiento. «Pájara lo tiene anulado desde 2003 y 17 años después sigue igual, mientras que La Oliva sólo tiene normas subsidiarias, carece de Plan General», explicó Acosta.